miércoles, 20 de junio de 2018

Tú compras cannabis al mercado negro: la mentira de los CSC en España.

Este texto sobre cómo el mercado negro se ha convertido en el suministrador y propietario absoluto de los llamados CSC o  falsos Clubs Sociales de Cannabis, fue publicado en el portal Disidencias hace unas semanas.

Hoy me han contado una cosa que, de haberla sabido, no hubiera dudado en incluirla en el texto.
Hasta tal punto llega la desfachatez de este mercado negro escondido como falsas asociaciones, que la última (de 4) que ha abierto en mi ciudad, Salamanca, ahora sólo vende hashís o marihuana a sus clientes (falsos socios) PERO NO DEJA CONSUMIR EN EL INTERIOR DEL RECINTO...

Cualquier punto de venta de drogas tradicional tiene ya más dignidad que este modelo corrupto de los CSC en España, responsables de haber destrozado el tejido asociativo y el autocultivo: ambas cosas les dañan en sus intereses económicos.

:P

Esperamos que os abra los ojos, y que nunca más podáis decir que nadie os explicó cómo estáis pagando al mercado negro disfrazado de falsas asociaciones.

Drogoteca.

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¿Qué esconden los CSC o 
Clubs Sociales de Cannabis 
en España?

Este es un texto que, por las acusaciones que en él se vierten -entre otras, ser instrumentos del mercado negro organizado en España- requieren unas ciertas aclaraciones previas por parte del autor, sin esconderse y llamando a las cosas por su nombre. 

He pasado media vida en el mercado negro, comprando y vendiendo, siendo parte activa de él. Y no por ello siento la menor vergüenza por mis actos en ese sentido, ni considero que tenga nada de lo que arrepentirme en relación a esos hechos. Pero comencemos esta historia enseñando totalmente las manos....




Mi relación con el cannabis.

Aunque en el blog “Drogoteca” no solía escribir prácticamente nada sobre cannabis, ni meterme demasiado en esos temas (salvo por encargos expresos -realizados por casi todas las revistas o medios cannábicos- así como otros medios de tipo más generalista), soy un cultivador con más de 25 años de experiencia en el cultivo de marihuana. Incluso en una larga época en que prescindí de consumir droga alguna, seguí cultivando y me pagué la carrera -de Educación- gracias al cultivo y venta de marihuana. 

Antes de iniciar dicha carrera, fui propietario de un bar en el que se vendía hashís y marihuana -de forma muy similar a como se realiza hoy en los CSC- pero sin escudarse en ser una falsa asociación. Todo esto, mucho antes de empezar a escribir sobre drogas; ya trapicheaba con menos de 14 años.

En aquellos años míos en la hostelería, recién estrenada la mayoría de edad, me “bajaba al moro” o me subía a Amsterdam con notable frecuencia. Tenía muy claro lo que yo hacía: era mercado negro de cannabis, puro y duro, sin complejo alguno ni búsqueda de excusas para suavizar nominalmente la realidad. 

Así pues, el cannabis es una droga que me ha acompañado desde muy joven y que conozco profundamente, en casi todos sus aspectos (del cultivo al tráfico) pero no es la sustancia que más me llamaba a la hora de escribir sobre drogas: lo mío eran “las drogas”, pero todas las drogas y no sólo una de ellas.

He escrito y trabajado para diversos grupos del mundo del cannabis en España, pero nunca he tenido interés empresarial y mi relación con ellos siempre ha sido la de un freelance a quien le compraban textos. 

A día de hoy, no mantengo relación laboral o comercial alguna con ninguna empresa, grupo o personas del mundo del cannabis en España; posiblemente porque valoro más mi derecho a decir lo quiera decir, que el pago por callarme o tenerme controlado mediante la amenaza de quitarte el plato de comida de la boca.

Soy también un paciente de dolor crónico de tipo no-oncológico (con morfina y otros opioides pautados médicamente, desde hace lustros), y que uso el cannabis -que yo mismo cultivo- como parte del tratamiento contra el dolor, ya que me permite maximizar los efectos positivos de los mórficos y controlar algunos de los no deseados (como pueden ser las náuseas asociadas a estos fármacos).




He sido cliente de 1 CSC -que vendía cannabis- durante algo más de un año, hasta hace unos meses, en que por propia decisión pedí la baja por motivos ideológicos: no me molesta el mercado negro, pero no soportaba más que se llamase asociación a lo que es un punto de venta de drogas, donde hay un único vendedor y lo demás, son clientes sin voz ni voto de ninguna clase.

Carezco de antecedentes judiciales que tengan que ver con el cannabis o el mercado negro, y nunca se me ha imputado delito alguno que tenga que ver con este mundo. Nunca he sido condenado por ningún delito. 

A día de hoy, tengo mis necesidades económicas cubiertas totalmente, gracias a otras áreas -que nada tienen que ver con el cannabis- como son las criptomonedas. Con ese último detalle -independencia económica total- la vida me ha regalado el derecho a poder escribir lo que quiera sin miedo a no poder comer por hacerlo.

Es decir, esto soy yo.

A estas alturas de mi vida creo que soy libre -de verdad- para decir lo quiera y que ante nadie -salvo ante mi propia persona- respondo. Una vez aclarado esto, vamos con el tema; a fondo.


Antecedentes contemporáneos de los actuales CSC 
o clubs de cannabis.

Hubo un tiempo, no hace muchos años, que en nuestro país existía un movimiento asociativo -real y no FAKE- detrás del cannabis y sus usos. Este movimiento surgía de la necesidad de defenderse legalmente frente a las leyes y acciones que nos afectaban, como usuarios de cannabis y, especialmente, como cultivadores de cannabis (la pieza esencial de toda la cadena). 

Esos grupos y asociaciones, como por ejemplo Pannagh en el País Vasco, fueron esenciales a la hora de sacar el cannabis de las mazmorras comunes de “las drogas” y mostrar una realidad, en torno a esta planta, que nada tenía que ver con historias de vidas destrozadas por las drogas, sino que incluso aportaba historias en el sentido contrario: el testimonio de muchas personas que habían visto cómo el cannabis mejoraba sus vidas aportándoles calidad y salud.

La estructura básica de estos grupos, antaño y no ahora, era realmente una cuestión asociativa. La gente se asociaba para cultivar, compartiendo gastos y enfrentando las represalias legales (si las hubiera) de forma organizada y con las cosas claras: la gran diferencia que hay entre vender cannabis a terceros, con respecto a cultivar y cosechar de forma conjunta -precisamente- para no tener que entrar en contacto con el mercado negro. Y eso era cierto.

De hecho eso era uno de los mejores argumentos para no forzar las leyes y las acciones contra estos grupos, que eran muy locales, altamente especializados y sin ánimo de lucro. Este último punto de forma meridianamente clara, porque era en última instancia lo que les diferenciaba de cualquier forma existente de mercado negro, en el que el ánimo de lucro es esencial para el funcionamiento de todas y cada una de sus piezas.

En estos clubs -que funcionaban de forma poco homogénea y sin demasiada coordinación, dada su naturaleza local- se cultivaba “dando la cara”. Es decir, el cultivo no era “anónimo” sino que pertenecía a un grupo de personas que lo reconocían como propio y se reconocían como consumidores de cannabis que no querían relacionarse (al menos como única opción) con el mercado negro, siendo esta la única forma de lograrlo: cultivándote tu propio cannabis.

La base de de estos clubs era -al menos, en la teoría legal de su estructura asociativa más habitual- el conocimiento y estudio sobre la planta, principalmente porque no puedes declarar -en tus estatutos asociativos que son un documento público- que tu objetivo es cultivar cannabis (ya que, de forma genérica, esto es delito) así que el “estudio de la planta de cannabis” era la excusa, pero también una realidad a su manera. 

Si bien no se realizaba nada que pudiera considerarse “estudio” a nivel serio y totalmente científico, es cierto que en ese entorno asociativo se formaba a personas que necesitaban de ayuda para ser capaces de cultivar por sí mismos (como enfermos aquejados de cáncer, dolor y otras patologías) de tipo humanitario, que eran casos sobrevenidos por enfermedad. Y no hay que olvidar que esos grupos fueron, de facto, los primeros en proporcionar cannabis a enfermos que lo necesitaban y carecían de tiempo, conocimientos o posibilidades de cultivar o incluso de acceder al mercado negro (mujeres con cáncer de mama que nunca habían tocado ese mundo, por ejemplo).

El hecho de que estas asociaciones -germinales en el tema del cannabis en España- enfrentaran su propio abastecimiento mediante sus propios cultivos, les otorgaba el derecho a argumentar que ellos sólo querían salirse del mercado negro mediante el auto-abastecimiento. Se lo otorgaba porque era cierto, ya que eran asociaciones cuya principal actividad era el cultivo de cannabis para sus miembros. Y precisamente quien más dañado salía de su existencia, eran las mafias del mercado negro, que perdían clientes.

Pero al mismo tiempo, su principal virtud les hacía vulnerables, ya que la policía encontraba más fácil probar un cultivo ilícito que una venta de drogas, aunque el resultado penal que se buscase fuera el mismo finalmente: tráfico de drogas. Y paradójicamente este criterio de comodidad policial (siendo generosos al calificarlo, ya que el autocultivo sólo daña al mercado negro, quitándole dinero) fue, en gran medida, el responsable del desastre que vino a continuación.

La solución-trampa que destruyó el pasado:
la “compra mancomunada”.

Ante la presión que la policía ejercía contra las asociaciones, estas -que hasta ese momento se abastecían cultivando- se vieron acosadas en los cultivos y con sus socios desabastecidos como consecuencia directa. De esta forma se planteó, como recurso legitimado por las circunstancias, volver a tratar con el mercado negro, pero ahora como grupo de socios (grandes cantidades ya que los precios bajan) y a eso se le llamó “compra mancomunada”.

¿Qué es este concepto de la “compra mancomunada”? 

Pues era una artimaña ciertamente leguleya, por la que una asociación -que se había quedado sin cannabis por una redada o incautación de cultivos- se organizaba para comprar al mercado negro directamente. ¿Acaso comprar en grupo te protege de algo? No, no cambia en esencia el tipo penal en el que puede incurrir, salvo a la hora de repartir la droga con el resto de compradores (para que no se considere “traficante” a quien reparte la compra común con otros “adictos/socios”).

El origen legal de ese concepto se introdujo en los años 80 como eximente en la legislación, para no condenar por tráfico de drogas a unos yonquis que, simplemente, compartían una papelina de heroína, aunque la compra la efectuase uno solo de ellos. En la construcción del tipo penal del tráfico de drogas, no hace falta que haya un intercambio económico o afán de lucro, así que el simple hecho de comprar a medias y compartir drogas, podía acabar con alguien sentenciado como si fuera un camello siendo sólo un yonqui.

De ahí nació el que “comprar de forma conjunta una droga para su consumo inmediato por un grupo de adictos” no fuera un delito de narcotráfico, para que la cárcel no se llenase de meros yonquis, pudriéndose con condenas pensadas para traficantes de verdad; no para adictos que compartían unas dosis de droga. Este fue el caso de David Reboredo, que se vio con casi 7 años de condena por menos de 30 euros de heroína en total. En su caso, dos condenas por compartir unas papelinas con otro yonqui, no era legalmente válido para optar siquiera al indulto (aunque al final se le hizo “por lo bajinis”).




También en aquella época de la mal contada “epidemia de heroína” en España, y antes de la Ley de Seguridad Ciudadana -o Ley Corcuera- que reguló la tenencia para consumo como mera falta administrativa, se introdujo una excepción a la sancionabilidad de la conducta de compra y posesión de drogas cuando era (cito de memoria) para aliviar la abstinencia de “un familiar en primer grado, padres, hermanos o hijos” que fuera toxicómano sufriendo los dolores del “mono”.

Esas excepciones buscaban alejar del circuito penal a quienes no cometían realmente un delito, bien por adictos o bien por compasión hacia el dolor de un familiar de primer grado. Como puede imaginar el lector, esas excepciones (propias de los años 80) no se hicieron para el marco de asociaciones de cultivadores y consumidores de cannabis, y menos para que pudieran servir de “marco protector” de compra de cannabis -en grandes cantidades y con vocación de continuidad- al mercado negro.

El desembarco del mercado negro organizado
en los clubs de cannabis 
de España.

Una vez que se empezó a usar la compra mancomunada -afinada por interesados abogados como “concepto legal de diseño”- para permitirse ir contra lo que era la idea fundacional de esos clubs (sacar gente del trato con el mercado negro y sus mafias), el diablo había entrado por la puerta de atrás, primero para poner en juego cuantiosas sumas de dinero al efectuar dichas “compras mancomunadas” y que al ser con el mercado negro como vendedor, nunca habría factura de nada.

Los clubs, en su mayoría pero no todos, acabaron viendo que era mucho más sencillo “comprar el cannabis” que intentar cultivarlo tú mismo, y que la policía acabase jodiéndote el cultivo con todo el trabajo y tiempo que había llevado (algo que pasaba con excesiva frecuencia). 

De hecho, vivimos paradojas como que en una isla de nuestro país, la policía intervino una asociación de auto-cultivadores que eran en su mayor parte enfermos y eran sólo 50 miembros, antes que tocar (en la misma pequeña isla) una “asociación-FAKE” que tenía varios miles de socios (nominalmente) pero meros clientes en realidad. La policía iba a lo fácil, a por 4 gatos que cultivaban, y así con ese juego se empujó al tejido cannábico que existía en ese momento, a las manos del mercado negro (que estaba encantado de tenerlos de vuelta de nuevo).

Esta suma de hechos legales, intereses de nuevos “lobbys de abogados”, y de acciones contra el auto-cultivo en lugar de contra el mercado negro con ánimo de lucro, acabaron por traernos a la situación actual -a día de hoy- en nuestro país: alrededor de 1000 “asociaciones” que venden cannabis a sus “socios”. Y eso, sin que exista un marco legal que lo regule o que -al menos- no lo persiga.

Con el cambio que esto produjo, muchos de esos “gestores” de las asociaciones, se vieron manejando mucha pasta y la estructura de las mismas -derivada de estos nuevos intereses- empezó a mutar. Empezaban los nuevos enfoques, por los que se estaba saliendo claramente de ese torturado concepto de la “compra para el consumo inmediato por un grupo de adictos”, ya que no se compraba para un solo momento, sino para el consumo de varios días o semanas. No todos los que “entraban” en esa “compra mancomunada” querían o necesitaban las mismas cantidades o variedades de productos del cannabis (no es lo mismo lo que uno recibe del hashís que lo que recibe de una marihuana, aunque uno de los principios activos -el THC- sea el mismo). 

Es decir, se empezaba a plantear una compra constante al mercado negro, para “abastecer a tus socios”, pero ya no de forma realmente asociativa sino saltando a un modelo de “empresa que vende a cliente”.



Eso llevó ya en el año 2015 a que el mercado de la venta o traspaso “de asociaciones” (algo nominalmente imposible en el ámbito legal) generase un mercado en el que se hacían ofertas cercanas al medio millón de euros, por una asociación en una buena zona de Barcelona. 

¿De verdad que alguien pagaría 500.000 euros por quedarse una asociación (si esto fuera posible legalmente) que por definición, no puede tener ánimo de lucro? ¿Alguien se cree esto? Obviamente no, y la prensa -ya entonces- lo señalaba de forma abierta.

A día de hoy, de los aproximadamente 1000 clubs de cannabis, se cuentan literalmente con los dedos los que realmente están 100% fuera del mercado negro. La mayoría de los CSC (la nueva denominación) actualmente compran todo lo que venden al mercado negro directamente, algunos a cultivadores locales y otros, a una central organizada que les provee de todos los productos de cannabis que necesitan. 

Es decir, se han convertido en las franquicias del mercado negro, en lugar de combatirlo como era la razón de su origen como asociaciones de auto-cultivo y auto-abastecimiento. Una vez que entraron “los billetes de las compras mancomunadas”, el modelo asociativo y como consecuencia, el activismo cannábico real, despareció prácticamente de la realidad.

El nuevo modelo permitía “una gestión diferente”. Ya no requería cultivar, ni siquiera saber hacerlo. Sólo comprar barato para vender más caro. Primero, esa entrada de capital, la procesaron creando “puestos de trabajo” bajo el paraguas de una asociación de consumidores. Lógicamente, los puestos de trabajo eran para los que manejaban el cotarro, y con ello el beneficio, con lo que los socios, que son una figura totalmente legal y con poder -en teoría- total sobre la asociación (su asamblea general es el máximo órgano decisorio, en el modelo asociativo que firman estos negocios) fueran progresivamente apartados a firmar como socios pero funcionar como clientes.

Hubo incluso algún caso (en la provincia de Madrid) en el que una asamblea general de una asociación, quitó a los que la llevaban -de forma totalmente legal- y puso otros gestores. Al cabo de unos días, comprendieron por qué esto no debían hacerlo aunque la ley les capacitase para ello: aparecía el “músculo armado” que había detrás de estos grupos, escondidos como asociaciones. 

Y es que con el dinero, y menos el del mercado negro organizado, no se juega. Y sucesos como ese, que ponían en solfa “de quién era el negocio” si la estructura es la de una asociación sin ánimo de lucro, así que los “asesores legales” aconsejaron que ni se permitiera ver los estatutos a los socios, ni se celebrasen -en realidad- asambleas generales (con todo el poder), sino que se falsifiquen estas asambleas, exigencia legal que tiene que cumplir cualquier asociación. 

Asociaciones en que firmas como socio, pero no tienes derecho ni a ver los estatutos ni a decidir nada: la ilegalidad más flagrante les sirve para que los nuevos clientes no sepan realmente nada y simplemente sigan comprando.

Tal es el flujo de dinero que generan estas empresas mafiosas que se han apoderado del marco asociativo, que en 2014 ya un juez congeló 60 cuentas bancarias asociadas a uno solo de estos puntos de venta “con pseudo paraguas legal”. En ese año, había “falsas asociaciones” en la ciudad de Barcelona que, en teoría, contaban con decenas de miles de miembros (en realidad, clientes extranjeros captados en entorno turístico). Y había uno de esos puntos de venta de cannabis que tenía -como en la pescadería o la carnicería- una maquina para darte ticket con un turno para que pudieras comprar, debido a la alta demanda que había. Esa maquina que daba tickets para poder comprar, cuentan que había días que daba varias veces “la vuelta” y comenzaba de nuevo. Por aquel entonces, habría unas 500 falsas asociaciones en el país; ahora alcanzamos las 1000 y existen en todas las capitales del país y en muchos otros lugares.

Dinero llama a dinero:
estructuras del actual modelo.

Por supuesto, todo esto no pudo ocurrir sin la complicidad de un gran número de abogados que, conscientes del modelo y buscando justificaciones para el mismo, acabaron anunciándose públicamente para quien quisiera abrir “una asociación cannábica”, en un grado que variaba desde hacerles los estatutos a ponerles en contacto ya con los proveedores del producto clave, el imán para los compradores: derivados del cannabis. 

Asistimos impertérritos a cómo los asesores legales se convertían en impulsores, haciendo de enlace con el mercado negro local o -en otros casos más delictivos- con una “organización” que les vende todo. Y una organización que te vende un producto fiscalizado como droga no legal, a nivel nacional y especializada en abastecer a los puntos de venta, es la definición viva de organización criminal. Aunque lo vistan de “asociación” y repitan, como loros inconscientes, que “las asociaciones son buenas porque nos sacan del mercado negro”. Y no, esto no es así. 

Las asociaciones -actuales- en su inmensa mayoría, no son buenas: son el propio mercado negro y organizado. El flujo de dinero en altas cantidades y la falta de regulación alguna o control, propios del mercado negro, empezaron a atraer inversores a lo que otrora fue un área asociativa contra el mercado negro. 

Los jueces, ante este nivel de especialización, pasaron de pedir penas que solían rondar los 5 años para los cabecillas de los clubs de cannabis, a penas que rondaban los 22 años, ya que se apreciaban delitos de organización criminal y de blanqueo de dinero (obviamente, no se declara: no tienen ánimo de lucro legalmente).

Pero en muchos casos, los abogados ocultaban esta realidad a sus clientes, quienes en muchos casos creían y creen estar haciendo algo que tiene una cobertura legal, cuando en realidad son -a nivel legal- puntos de venta de drogas ya equivalentes a los de cualquier poblado de la droga. Y no tenían demasiado problema en engañar a sus clientes, hasta el punto que -uno de los abogados, de esta clase, más conocidos en España- llegó a decir sobre la posibilidad de que muchos de sus asesorados, ante un proceso judicial, acabasen presos: “el movimiento cannábico necesita mártires”.

Al mismo tiempo, la “normalización” en la presencia de esos puntos de venta en nuestra geografía y el cambio en la percepción social que, en estos últimos 10 años, ha tenido la imagen del cannabis como un producto mucho más tolerado, ha llevado a que se cree un “In pass” en el que la realidad es esta, pero legalmente no se actúa contra ella. 

¿Por qué? El cambio en las políticas sobre cannabis en todo el planeta, tiene a los políticos españoles -y por ende, al poco separado “sistema judicial”- sin saber qué hacer ni cómo abordar la regulación de esta planta, esperando un mejor momento para meterle el cuchillo a este asunto, pero al mismo tiempo teniendo ya bien identificados “esos puntos de venta que pasarán de ser mercado negro a la cara blanqueada en un contexto regulado”, y que rendirán cuantiosos impuestos a las arcas estatales (o eso creen que podrán lograr).

De forma paralela, existe toda una industria del cannabis legal (que no venden marihuana o hashís, sino semillas, útiles o derivados legales de la planta) con muchísima fuerza en nuestro país, que son quienes manejan (de forma directa en la mayoría de los casos, y mediante “vinculación económica por publicidad” en los demás) la mayoría de medios cannábicos. No hay ninguno que se pueda intentar llamar “independiente”, sino que el mundo del cannabis en España es extremadamente auto-referencial y vinculado a grupos con potentes intereses económicos: directamente dependientes y coordinados entre todos ellos.

Nadie que no tenga asegurado su futuro económico-en el mundillo del cannabis hispano- debe salirse el relato impuesto -por estos grandes grupos, con piernas en ambos lados de la ley- si no quiere represalias, que comienzan con censura y pueden llegar mucho más lejos, como imputaciones de delitos en falso o campañas de desprestigio intentando forzar a tus relaciones comerciales a abandonarte, mediante amenazas y presiones. 

Yo mismo, cuando trabajaba escribiendo para estos medios, recibí campañas de difamación en que se me acusaba de machista y que llegaron a que un responsable de prensa en el Senado de un joven partido político, llamase a mi editora para pedirle “revisar previamente” lo que yo iba a publicar en unos días (a lo que obviamente me negué), tras una entrevista con 2 senadores de su partido en el Congreso de los Diputados, y le preguntara “sobre las denuncias que yo tenía por violencia de genero y acoso”, que son en total.... cero. 

El choque entre la política -y sus turbios intereses y mecanismos- con el mundo del cannabis, dirigido por las caras pseudolegales de un reforzado mercado negro, ya con estructuras supra-nacionales, hace saltar chispas que uno no imaginaría y el juego sucio -a dichos niveles- es la base del juego.

¿Queda algo de lucha 
contra el mercado negro
o está todo entregado?

Como indicaba el jurista Javier González Granados, el modelo de los CSC, hoy día y más tras el “supremazo 484” contra los clubs de cannabis, es un “traje al que se le revientan las costuras”. Pero al mismo tiempo, esa sentencia reconoce la ineficiencia del sistema político, incapaz de regular correctamente algo que, al menos actualmente, la sociedad parece aceptar sin mayor problema pero las leyes siguen penalizando porque esa etérea figura de “el legislador” no ha “movido ficha” -desde hace décadas- en este aspecto. Y les emplaza a hacerlo de una vez y dotar de un marco regulado al asunto.

Si el actual modelo “cristaliza”, bien por el paso del tiempo que -de facto- les permite seguir con su actividad o bien porque estos grupos del mercado negro (que han destrozado la realidad del poco tejido asociativo que les hacía frente en sus intereses) consiguen encontrar la forma de pactar un “armisticio” con los demás actores, pues lo que habrá ocurrido es que habremos legalizado el mercado negro, o al menos una “cara amable” de las mismas mafias de amplio tamaño y capacidad.

El desarrollo de estos puntos de venta de cannabis en nuestro país, ha llevado en algunas zonas -como Granada- a que el robo de fluido eléctrico para cultivo en interior con lámparas de alto consumo sea un grave problema que afecta a todos los demás ciudadanos. 




De hecho, existe un mercado (prácticamente en todo el país) de pisos donde se cultiva con luz robada, en el que se te alquila el lugar con todo el montaje ya realizado. Y a tal punto llega el asunto, que los trabajadores de las empresas eléctricas que sufren el robo de fluido, tienen que ir escoltados por la policía y con la cara tapada para ir a cortar los robos, en barriadas donde este problema resulta masivo.

Pero como suele ocurrir siempre, el mercado negro crea eficaces repuestas a los problemas que les dan y, desde hace tiempo ya, estos “pisos para cultivar cannabis” con la luz robada están transformándose y abandonando el negocio del cannabis por otro mucho más seguro y lucrativo: el de las criptomonedas. 

El minado de criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum o Monero) es una actividad que requiere de grandes cantidades de energía gastada en procesos de cálculo matemático, y que tiene un alto coste si se realiza pagando el fluido eléctrico usado. Así que muchos de estos pisos, han saltado a un negocio que además les causa muchos menos problemas legales y en el que, aunque les pillen con las manos en la masa y una granja entera de ordenadores minando criptomonedas, no les pueden tocar ni un euro de las ganancias.

Por el lado legal, la acusación por robo de fluido, es menos que la de robo de fluido y cultivo de cannabis (tráfico de drogas), a lo que se suma la estructura organizativa que es otro carga que pueden probar en su contra. 

Por el lado técnico, una vez que recibes el pago en criptomonedas de lo que has “minado” con tus equipos y energía, su diseño permite que nadie pueda incautar ese dinero o conocer siquiera en qué criptomoneda está. 

Esto ha llevado a que algunos grupos estén ofreciendo a antiguos cultivadores en pisos con luz pinchada, que se pasen al negocio de la minería de criptomonedas, en una inversión en que el grupo pone los equipos y el “know-how” y las ganancias generadas por la luz pinchada se reparten al 50%, quedando totalmente seguras e “invisibles” para las autoridades, dada su naturaleza.

Así que, el asunto del fluido eléctrico, ha sufrido de la unión de dos vectores en el mismo sentido que agrava el problema y su perspectiva futura. Por un lado se ha creado un nuevo modelo de negocio en torno al robo de electricidad, que es el de minar criptomonedas, y al mismo tiempo, se ha restado abastecimiento a los puntos de venta de cannabis del país, con lo que se han buscado nuevos lugares en los que efectuar estos cultivos con luz robada. 

De otra forma, el riesgo y los costes harían el negociazo de los CSC o clubs de cannabis, totalmente inviable al nivel en que se produce actualmente, basado en el cultivo con luz robada para que los precios puedan ser competitivos con un mercado negro más clásico- que nunca ha dejado de estar presente.

Por último, el lector hará bien en tener totalmente claro en que las únicas iniciativas en relación con el cannabis que tienen -sin lugar a dudas- un carácter de choque frontal con el mercado negro, son todas las propuestas que intenten avanzan en el terreno del auto-cultivo para el propio abastecimiento de cannabis en el consumidor, ya que son las únicas acciones que le quitan clientes (y por ende, poder) a esas mafias organizadas y de cara amable, que el mercado negro -triunfalmente y de facto- conseguido poner a gestionar la relación de los ciudadanos con el cannabis en España; esos clubs de cannabis, donde al cliente se le rebautiza como socio, y se le priva de sus derechos como consumidor (no puedes acudir a las autoridades de consumo con una queja sobre drogas que te han vendido, a día de hoy) y también como supuesto miembro de una asociación que sólo lo es para beneficio, económico y con enorme ánimo de lucro, de quienes la controlan.

Quien dude, algo muy necesario siempre que nos cuentan algo, que pruebe a poner en Google “Vendo ClubCannabis”, que quedará sorprendido de la oferta -pública y visible con esa mera acción- en la que se venden estructuras criminales “en bloque y con los clientes dentro” que responden a dicho nombre, asociaciones, sin serlo.




Nuestra realidad hoy es esa: somos el sueño húmedo del mercado negro, basado en la venta de cannabis, gracias a la inacción y cobardía de todo nuestro sistema legislativo. España, como siempre, en la buena dirección.

Drogoteca.


sábado, 9 de junio de 2018

Serie DROGOTEST: Violando ciencia y justicia, para robarte mejor...

Este texto fue publicado en la revista Soft Secrets en su edición en papel y posteriormente en la red.
Cierra la SERIE DROGOTEST que publiqué bajo el pseudónimo de "Drogodogo" en dicho medio.

Resume toda la serie de aberraciones científicas y estadísticas usadas para justificar lo injustificable: un sistema pensado para la seguridad vial que sanciona a los conductores sin tener en cuenta su estado para la conducción. Es el abuso administrativo con objetivo recaudatorio basado en la química interpretada por policías y políticos sin formación, que llamamos ya coloquialmente "drogotest".

Esperamos que os sea de utilidad para comprender lo que el estado hace ignorando la ciencia con tal de quitar el dinero al ciudadano bajo el rótulo de "seguridad vial" y de "lucha contra las drogas", un cuento chino para robaros.

Precisamente esta semana, los recaudadores armados, han lanzado una campaña para intensificar los sancionados y la recaudación, aumentando víctimas inocentes y beneficios para ellos... cuidado!!

Drogoteca AKA Drogodogo
;)


PS: El texto anterior de esta serie está publicado en http://drogoteca.blogspot.com/2018/02/recurreitor-la-mejor-respuesta-contra.html
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Violando ciencia y justicia con el drogotest 
(para robarte mejor).


En nuestros anteriores textos hemos ido desgranando los aspectos que, a día de hoy y en base a los datos de que disponemos, podemos considerar graves errores -tanto en el enfoque legal como en la instrumentación elegida- en el desarrollo de la actual normativa sobre seguridad vial en nuestro país, en lo que a la detección de drogas mediante fluidos corporales en conductores en tránsito (drogotest) se refiere. 

Hemos querido formar a nuestros lectores de manera íntegra, en estos artículos sobre los drogotest, para que sepan la realidad de aquello a lo que se enfrentan. Algunos, por desgracia, hemos sido ya víctimas de este sistema y otros muchos, también de forma totalmente injusta, lo serán en el futuro inmediato si nade remedia la actual situación.

El año 2017 ha sido el año de la “normalización” en el uso del drogotest, una herramienta de recaudación totalmente injusta y arbitraria que ha sido alegremente acogida por la inmensa mayoría de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En España se realizaron unos 30.000 drogotest en 2014, unos 75.000 en 2015, y unos 100.000 por año en 2016 y 2017

Curiosamente, la medida no parece haber repercutido -para nada en absoluto- sobre los hábitos de consumo de drogas y conducción entre la población hispana, ya que el número de multas en todos los años permanece fiel a una mágica proporción: 1/3 de los drogotest realizados desembocan en sanción por positivo.

A lo largo de mi vida, como conductor, he pasado en dos ocasiones la conocida prueba. La primera vez -con la Guardia Civil- di positivo en cannabis, pero no di en morfina o benzodiacepinas que había consumido un par de horas antes (soy usuario con prescripción médica)

Eso fue algo que no pude explicar de forma alguna, salvo pensar que los test no buscaban realmente las sustancias que decían buscar (benzodiacepinas y opiáceos) y estar especialmente “preparados o dopados” para encontrar otras (como el THC del cannabis o sus metabolitos). 

En esa ocasión, los propios agentes de la benemérita que me hicieron las pruebas, me contaron cómo tenían orden de “ir a por los de los porros” aunque ellos no entendían dicha preferencia ya que, aseguraban los guardias civiles, que los usuarios de cannabis eran conductores que rara vez causaban accidentes”. Añadieron además que nuestra actitud -la de los usuarios de cannabis- a la hora de tener que someternos a sus pruebas (dentro de una furgoneta de la pestañí o similar) era mucho más amable y cooperativa que la de un borracho de alcohol, o una persona bajo el efecto de cualquier otra droga.



Fue un detalle que me quedó marcado: los propios profesionales de la seguridad vial -como son precisamente los agentes de la Guardia Civil de tráfico- remarcaban lo absurdo de las órdenes que tenían que seguir, en función de la peligrosidad real que unos y otros suponían para la carretera y el resto de conductores. 

¿Por qué era eso así? Era por aquel entonces el año 2014, y la respuesta más lógica parecía la obvia: los fumadores de cannabis somos una presa más rentable -por la razón que sea- para este sistema. Recuerdo también como por aquel entonces, el uso que hacían de los drogotest era algo mucho más puntual que ahora, ya convertido en el pasatiempo favorito de todas las policías locales (batallones armados de recaudadores al servicio municipal) donde a la menor te encuentras con un uniformado a tu lado y ordenándote que chupes “una cosita que te van a dar”. Y eso se debía al coste de cada drogotest y prueba secundaria en caso de resultar positivo en la primera, que era bastante alto sin que existiera un motivo para ello asociado a su fabricación o materiales. Y es que entonces la demanda creciente y desorbitada de drogotest estaba iniciándose, pero los precios por unidad no habían bajado tanto como los recaudadores deseaban.

La siguiente vez ya fue el año 2016, y fue a manos de la policía local de Salamanca, cuando el negocio del drogotest saltó masivamente a manos de las policías de las corporaciones locales, ya que el negocio se había vuelto muy rentable, con las brutales e injustificadas tasas de detección que arrojaban. 



En esa ocasión pude enterarme de que el precio de los aparatos para hacernos las pruebas -los drogotest en sí mismos- se había rebajado enormemente, y también me dio (sin querer, ciertamente) una pista que me permitió comprobar cómo los niveles de corte que habían establecido para el THC y sus metabolitos, eran la clave del asunto y lo que hacía que todo el negocio de los drogotest fuera tan rentable para todos los implicados, salvo para la víctima. 

En aquella ocasión, ya dentro de una furgoneta y con un agente al lado que me decía “¿si tú has violado la ley... por qué tenemos que respetarla nosotros contigo?” mientras me miraba amenazante al lado de otros 6 como él riéndole las gracias, pude sonsacarle -al agente que hacía el drogotest- que el punto de corte más bajo que habían alcanzado con ese dispositivo era de 2 ng/ml para el THC

Luego pude rastrear ese dato hasta el informe donde aparecía, ya que el agente sólo conocía el número “dos” pero no las unidades en que se expresaba, y dada de esa forma no parecía una información “científicamente fiable”). En esa ocasión, y a pesar de tomar en ese momento benzodiacepinas y unas 4 veces más morfina que en el drogotest anterior, tampoco di positivo en opiáceos ni en benzodiacepinas. 

Cuando pedí explicaciones, me dijeron que habría tomado poca morfina y pastillas, dando por aclarado el asunto: les daba absolutamente igual con tal de haber conseguido la multa por positivo en THC, que ya tenían. Les daba igual que les estuviera mostrando la morfina que había tomado y que les indicase que era un enfermo de dolor crónico, a quien el uso de cannabis le hace tener que usar mucha menos morfina, que a la postre resulta una droga más peligrosa que el cannabis (en usuarios crónicos o totalmente habituados) en cuanto a lo que afecta a la conducción de un vehículo.

¿Control? ¿Diez tíos armados dándote el STOP? No es por seguridad; es por recaudación.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido la principal impulsora de este tipo de medidas que, como ya hemos señalado, no parecen tener influencia alguna ni sobre el número de muertos en carretera (al contrario: aumentaron un 2'6% en el último año) ni en el número de supuestos conductores drogados que circulan, ya que la tasa de sancionados se mantiene con una sorprendente constancia por encima de 1/3 de todos los test realizados (un 39% en los datos de la Guardia Civil del último año). Esta tasa es, cuando menos, algo sorprendente e inexplicable si comparamos la tasa de conductores que al ser sometidos al test de alcoholemia dan positivo: sólo un 1'5%.

Incluso al observar la tasa de conductores implicados en un accidente que dan positivo en alcoholemia -un 4'5 % de los analizados- y compararla con el número de conductores que dan positivo en el drogotest, que es de un 27%, salta a la vista que los números están intentando dibujar una realidad sin pies ni cabeza. 

Si estos manojos de malos datos fueran correctos, se podría inferir que entre los conductores accidentados hay menos drogas que entre aquellos que no tienen accidentes, y eso no parece que sea un postulado muy razonable. 



También resulta sorprendente que cuando se realizan test de alcoholemia a los conductores que cometen una infracción sin víctimas al volante, la tasa sea la más baja de todos los supuestos con un ridículo 0'8% de positivos en alcohol, mientras que el mismo grupo estadístico, al pasarle el drogotest, da un sorprendente 63% de positivos en drogas. Todos estos datos en el último informe de la Guardia Civil publicado en la web de la DGT.

Eso es tanto como decir que si una persona comete una infracción al volante, hay casi 80 veces más probabilidades de que vaya drogado frente a las que hay de que vaya alcoholizado, y eso en la realidad de un país como España -donde el propio “Plan Nacional Sobre Drogas” regala medallas a los fabricantes de bebidas alcohólicas en premio a su supuesta labor preventiva- es una imagen grotesca y totalmente falsaria. 


Los números con los que la DGT intenta adoctrinar al país -con la gentil ayuda de una prensa torpe, atontada y sumisa que no es capaz ni de razonar los datos que le dan y repite como un loro- son un esperpento que reafirma la sensación de que esta gente que tendría que estar velando por nuestra seguridad, en realidad nos está tomando el pelo y que son plenamente conscientes de que están mintiendo y engañando a la población con el único propósito de recaudar.

¿Un tercio de todos los conductores menores de 30 años va bebido?
¿Uno de cada diez va drogado?

Así de dramática nos pintaban la cosa la propia DGT, en su revista de enero de 2016, usando para ello un estudio de la Fundación MAPFRE y la inefable Fundación de Ayudacontra la Drogadicción (FAD). El ejecutivo turno de la Fundación MAPFRE, Jesús Monclús regalaba esta perla para dicha ocasión: “Un conductor drogado deja de pensar con claridad y ya no tiene marcha atrás. Por ello es tan importante que entre todos impidamos que alguien que haya consumido drogas se ponga al volante”. 

A las compañías de seguros -con MAPFRE a la cabeza- parece que les interesa mucho que no se distinga entre “conductor bajo el efecto de las drogas” y “conductor que ha consumido drogas en algún momento del pasado”, para lo que tienden a igualarlo groseramente apoyando una política de ignorancia y uso recaudatorio de los recursos de seguridad vial. En este caso, MAPFRE lo hizo de la mano de la FAD -encarnada en el siempre presente Eusebio Megías- y ante la presencia de María Seguí y de Bartolomé Vargas, Directora General de Tráfico y Fiscal de Sala de Seguridad Vial, respectivamente, como padrinos del acontecimiento.

Pero incluso dando esos esperpénticos números por válidos, no se pueden olvidar los datos ofrecidos por el primer dispositivo montado por la DGT en el tema de detección de drogas en nuestro país, cuando no tuvieron reparo alguno en decir que había 2'5 veces más conductores drogados en la carretera que conductores borrachos. Y eso era el año 2007, en el que según ellos mismos un 3% de los conductores daban positivo en alcohol mientras que un 8% de los conductores daban positivo en drogas. 



Teniendo en cuenta que, a día de hoy, la propia DGT mantiene el número de conductores drogados prácticamente en el mismo porcentaje que hace 10 años, pero ha multiplicado (al menos en sus titulares) por 10 el número de conductores que van borrachos , debemos felicitarles por su excelente trabajo y pedir más medallas -al PNSD- para los productores de alcohol en nuestro país.

No son esos -los de los titulares escandalosos de la DGT y la prensa afín- los únicos datos en los que algo salta a la vista para advertirnos que no pueden ser correctos. Acudimos al informe DRUID (que hemos mencionado en textosanteriores), base de todo lo desarrollado sobre conducción bajo el efecto de las drogas en Europa, y nos sorprende un dato extrañamente abultado: mientras que en toda Europa la prevalencia de uso de cannabis en la conducción marca un máximo cercano al 2%, en España roza el 7%. 

Teniendo en cuenta que los datos incluyen a países de nuestro entorno y latitudes, no existe una razón que pueda justificar dicha prevalencia de uso en España -abultada un 300% por encima del país con el dato siguiente más alto- salvo que lo que se esté comparando no sea en realidad la misma cosa y, por lo tanto, la comparación carezca de sentido, careciendo de validez sus datos y conclusiones.

Cuando acudimos a ver el número de sanciones -positivos en drogas- para todas las sustancias del estudio DRUID, encontramos que el país con más sanciones es España y que el siguiente es Portugal, pero que apenas llega a un 20% de los casos que España dice detectar y sancionar

El siguiente en la lista sería la República Checa, con un triste 10% de las sanciones que nosotros alcanzamos. La mayoría de los países del estudio apenas hacen un 5% en comparación a nuestros datos. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Somos los españoles tan especialitos estadísticamente o lo es la forma en que nuestra policía hace las cosas? ¿Qué es lo que realmente nos diferencia del resto con esos datos tan demenciales?

Nos dirigimos a los datos del PNSD en cuanto a prevalencia de uso de drogas ilegales, entre los 15 y los 64 años en España, y vemos que son (año 2015) de un 9'5% en el último año, un 7'3% en el último mes, y un 2'1% en las últimas 24 horas. 

Esos datos -los más fiables con los que podemos contar de mano del estado- nos hacen pensar que, de ser ciertos los ofrecidos por la DGT a la hora de justificar ante la opinión pública sus drogotest, la actividad favorita de cualquier persona que tome cualquier droga ilegal es la conducción de vehículos a motor. De otra forma resulta casi imposible explicar que la DGT sea capaz de encontrar un 39% de drogados cuando pasa el drogotest (ya que lo hace sin pruebas indiciarias previas) y que nos asusten diciendo que el 10% de los jóvenes que conducen, lo hacen drogados, cuando sólo el 2'1% de la población toma drogas de forma diaria.

Esos números son aún más inexplicables si tenemos en cuenta que, según lo manifestado por la DGT, el drogotest sólo detecta drogas consumidas en las últimas 6 horas. Con dichas diferencias, la única forma de explicar que la prevalencia de uso de drogas ilegales en las últimas 24 horas sea del 2'1% pero que en las últimas 6 horas sea del 39%, es que estamos hablando de dos países o grupos totalmente distintos: no es posible de otra forma y lo dice la matemática, oiga.


¿Qué falla en el drogotest 
y en los estudios realizados?

La media europea de la prevalencia de uso asociado a conducción es de 1'9% para todas las drogas ilegales estudiadas frente al 3'5% del alcohol (sacando los datos del propio informe DRUID) aunque señala las grandes diferencia entre distintos países, sin entrar a explicarlas. Para entender estas diferencias -que son esenciales- hay que meterse a bucear en la realización de cada uno de los estudios hecho por cada país, llegando a descubrir que en realidad se están estableciendo (como sospechábamos) comparaciones que no son válidas.

Por ejemplo, los datos que Italia aportó al estudio se centraban sólo en “conductores sospechosos” y hacer el drogotest era obligatorio; en Portugal se centraba en “zonas de alto riesgo” y también resultaba obligatorio. Pero en el resto de los países, hacer el drogotest era opcional y no obligatorio. E incluso en Países Bajos, los datos que enviaron procedían de los drogotest realizados de forma voluntaria, con gratificación económica de 10 euros, realizados a la salida de los coffeeshops donde se vende y consume cannabis, y sin el riesgo de ser multado a pesar del posible resultado positivo del drogotest. 

¿Parecen ahora comparables los resultados de dichos ejemplos? Para rematar la cuestión, España hizo los test a toda la población, sin discriminación alguna, mientras que otras policías europeas lo hacían sólo si tenían motivos de sospecha por el estado psicofísico del conductor, con lo que las muestras ya no sirven -de entrada- para establecer comparaciones.

Como último detalle del mal chiste que son los datos enviados por España -en materia de detección de drogas en conductores- cabe destacar que, mientras en el resto de países el número de conductores que dan positivo en drogas durante el fin de semana se multiplica por dos o tres con respecto a la semana, en España ocurre un fenómeno extraño e inexplicable: es mayor el número de conductores que dan positivo a drogas durante drogotest realizados en días laborales, que los que dan positivo a drogas durante fines de semana.

Todo ese cúmulo de conclusiones o resultados -que salen fuera de la lógica y de la realidad observable- debería haber bastado para plantear la corrección del estudio que se estaba llevando a cabo, pero eso no fue así. ¿Por qué? Porque mientras que lo que se vendía a la opinión pública era una infatigable lucha por la seguridad vial -financiada con sus impuestos y multas- lo que estaba ocurriendo en realidad es que habían encontrado la forma de justificar el asalto económico mediante sanción de seguridad vial (que es algo que todo el mundo desea que exista y se proteja, porque nadie quiere pirados al volante) al nicho social de “personas que toman drogas”, aprovechándose del desconocimiento general sobre cuestiones científicas, más la drogofobia y desinformación en materia de drogas propagadas en España -por la FAD y el PNSD- durante más de 30 años. De todos los actores presentes, a ninguno de ellos le favorecía decir la verdad mientras que resultaban favorecidos simplemente “no dándose cuenta” de nada: favorecidos a 1.000 euros por resultado positivo, en las cuentas de ayuntamientos que buscan nuevas y urgentes formas de financiación, una vez que el endeudarse eternamente pidiendo préstamos se les prohibió -por ley- en el año 2010.

La gran trampa española en el drogotest.

Como nos contó el abogado Carlos “Recurreitor” Nieto, nunca se ha fijado de forma oficial una cantidad determinada a la que sancionar, y a la que no sancionar cuando simplemente haya presencia de drogas en cantidades ridículamente bajas. Esto queda en manos del fabricante de turno y de los requerimientos que le haya hecho su cliente, la policía. 

Durante la fase de desarrollo de estos drogotest -contamos en textos anteriores existió un íntimo compadreo entre empresas y evaluadores (amén de infinitas trampas) que terminó con las empresas ofreciendo “datos privados sobre detección mejorada de cannabis” en sus dispositivos

¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras que muchas dicen que el punto de corte para el THC es de 25 ng/ml, es una falsedad que aprovecha el lenguaje técnico: ese 25 ng/ml es el punto en el que la mayoría de infractores serán atrapados, pero por las pruebas posteriores se sabe que el 70% de los positivos están por debajo de esa cifra que maliciosamente nos venden como umbral de corte. No buscan conductores afectados sino víctimas químicas.

De hecho la realidad es que el umbral de corte que emplean -policía y organismos oficiales- es mucho menor: un misero e ilógico 1 ng/ml e igual en sangre que en otro fluido corporal, lo cual es un sinsentido médico. El propio estudio DRUID, recomienda como valor de corte para el THC en fluido (saliva) un valor de 27 ng/ml. España ignora dicha recomendación y la sitúa en 1 ng/ml, o 27 veces menos de lo que aconseja la propia Europa en su informe. Esta ilógica práctica, la extienden también (¡oh casualidad!) a la cocaína, a quien le dan 10 ng/ml tanto en sangre como en fluido, aunque el informe DRUID recomienda un punto de corte de 170 ng/ml: 17 veces superior.



¿Es un error o es malicia? El “error” está perpetuado después en la mayoría de textos producidos por las dos universidades “asociadas”, en que se mencionan valores de corte recomendados por DRUID que son totalmente falsos. También el “error” se perpetúa en publicaciones de la DGT (EDAP-2015), en que se repite -como un mantra- la recomendación de unos valores de corte falseados. Es curioso, además, que el error afecte concretamente a las 2 sustancias ilegales más detectadas en nuestro país, y que al poner -“por error”- valores de corte decenas de veces más bajos que los que se recomiendan, en lugar de atrapar conductores en mal estado, sea una caza química indiscriminada y sin sentido para la seguridad vial.

Por si el lector quiere hacerse una idea de lo poco que puede ser 1 ng/ml de THC en su saliva, un estudio noruego del año 2011 sobre fumadores pasivos de cannabis y fluidos orales, establecía que el 50% de los sujetos pasivos daban por encima de 4 ng/ml... 3 horas después de haber estado expuestos al humo de cannabis!!

Eso es 4 veces más cantidad que el valor de corte real que usa España, según sus propios datos, de 1 ng/ml. Pero era un total del 70% de los fumadores pasivos quienes -a las 3 horas- daban (como mínimo) 2 ng/ml en su saliva, lo que hubiera hecho que con el drogotest “tuneado a la spanish” hubieran sido víctimas -7 de cada 10 fumadores pasivos- del afán recaudatorio disfrazado de seguridad vial. ¡Y sin haber consumido droga alguna! 

La propia policía local que me hizo el test, me contaba cómo había visto dar positivo a gente que era claro que no fumaba y que simplemente estaban al lado de un fumador. Es decir, la policía sabe de sobra que los drogotest no sirven para detectar personas que estén “colocadas”, pero su bajo coste (menos de 20 euros cada drogotest) unido a los 1.000 euros que consiguen por multa y con una superlativa tasa de casi un 40% de sancionados finales, los hace un elemento inigualable de recaudación económica a base de sanciones pero completamente inútil para la seguridad vial.

Y dando positivo por ser fumador pasivo de cannabis con el “drogotest a la spanish”, en 7 de cada 10 casos incluso 3 horas después... ¿alguien se puede creer lo que dice la DGT de que “el drogotest sólo detecta la droga consumida en las últimas 6 horas”? 

Por supuesto que esa afirmación, de la que nunca presentan prueba alguna, es totalmente falsa: en el estado actual, el método español está detectando “trazas” de sustancias ilegales (pero no en cantidades científicamente compatibles con estar bajo el efecto de ellas) que pueden haber sido consumidas no ya hace más de 6 horas, sino hasta semanas antes. Por supuesto que -con esa “extrema sensibilidad”- también cazan a quien acaba de consumir drogas.

Paradójicamente, el único estudio aportado que ofrece unos valores para el THC del cannabis, equiparables a los 2 tipos de sanciones que hay contra el alcohol en la conducción -multa administrativa o sanción penal con posibilidad de cárcel- en nuestro país, nos dice que el equivalente de dar 0'5 g/L de alcoholemia (multa) para el cannabis en fluido oral, sería un valor igual o mayor que 205 ng/ml de THC. Y el equivalente al delito penal, 1'2 g/L de alcoholemia, en el caso del cannabis y su THC sería igual o mayor de 954 ng/ml

Sin embargo sancionamos con un “falso umbral declarado” de 25 ng/ml, que en la práctica real es 12 veces menor: en torno a 2 ng/ml como cantidad suficiente para dar positivo en el drogotest y con la mitad de esa cantidad -1 ng/ml-en el test de confirmación posterior.

Como sociedad, actualmente, nos dirigimos a un escenario de regulación en el que el cannabis dejará de ser ilegal pasando a ser una sustancia más de consumo, y de uso terapéutico para millones de personas. Los usuarios de cannabis no queremos unas carreteras inseguras ocupadas por conductores borrachos o drogados: al contrario. 

Somos los primeros interesados en que se empleen los recursos de seguridad vial contra quienes son un peligro real, y no entendemos que España siga ignorando las recomendaciones de la propia Unión Europea en esta materia, mientras leguleyamente se recauda dinero mediante sanciones clara y científicamente injustas: las impuestas gracias al “trucado” drogotest. 

A día de hoy ya son unas 100.000 multas injustas desde el año 2014, cuando se modificó expresamente la ley para permitir a la policía sancionarnos económicamente sin tener demostrar afectación o peligro en la conducción. 

¿Es incapaz el estado español de actuar eficazmente en materia de seguridad vial sin violar a la vez la más elemental justicia y ciencia? 


Para más datos sobre el fraude del drogotest en España, eer el excelente trabajo de @DrogotestDGT, que podéis encontrar aquí: 


lunes, 28 de mayo de 2018

Una pelea interesada: THC vs. CBD

Este texto fue publicado en Cannabis.es al respecto de la falsa pelea que se pretende establecer entre los terapéutico de un compuesto del cannabis frente al otro, una situación que no deberíamos aceptar ya que ambos compuestos pueden tener un uso terapéutico o uno lúdico. La droga que para uno es un placer, para otro es un infierno. El sentido de lo terapéutico es tan subjetivo como la propia percepción.

Esperamos que os guste y os aclare las dudas al respecto.
:)

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THC vs. CBD: falsa dicotomía.

Hace unos días mi editora me preguntó mi opinión sobre el “muro” que parece estar levantándose para separar al THC del CBD, y básicamente coincidía en dicha apreciación: es cierto que algo pasa con esos dos compuestos que no era demasiado comprensible ya que ambos compuestos son cannabinoides naturales que la planta de cannabis produce, y que para más INRI, tienen exactamente los mismos átomos -C21H30O2- prácticamente con igual colocación salvo en un pequeño detalle (que es suficiente para que el THC sea una cosa y el CDB sea otra distinta, como una mano izquierda no es igual a una mano derecha... aunque se le parece muchísimo!).

Me puse a echar un largo vistazo sobre lo que hay escrito, en concreto de unos tres años a esta parte, y he podido ver que desde que se ha dado la explosión comercial del CBD (que se encontraba sin una regulación que le afectase negativamente) se ha creado -en muchos casos de forma intencionada y tendenciosa- un artificial muro que sitúa a un compuesto “en el lado bueno” y al otro “en el lado malo”. Me explico; los vendedores de CBD en buena parte del mundo, se han apoyado en una serie de hechos para potenciar sus ventas según lo que el mercado demandase y si al mercado (por ejemplo al de USA o UK) le viene bien la idea de que el CBD está alejado de lo que es “la droga marihuana”, pues se lanza esa idea y se apoya con medias verdades.



Y estas “medias verdades” en algunos casos llegan a “mentira completa”, pero si atendemos a lo que ocurre con la publicidad de otros productos (incluidos los alimenticios, que son los más controlados tras los fármacos) no parece que lo que los vendedores de CBD estén haciendo sea peor que lo que hace cualquier otra empresa en el campo de la publicidad.

Vamos a ver algunas de esas “perlas” cuestionables sobre el CBD y el THC, y las ventajas de uno y otro, que han sido manipuladas hasta decir algo que sencillamente, no es verdad.

La primera y más notoria es que “el CBD es medicinal” y el “THC es lúdico o recreativo”, lo cual es totalmente falso. Tanto CBD como THC son compuestos activos en el cuerpo humano, independientemente de si el efecto de uno de ellos es más agradable o notorio psíquicamente para unas personas que para otras. Seguramente habrá quien piense que no quiero decir que el THC es el lúdico y el CBD el medicinal, pero no es eso: ¿qué es lo lúdico en una persona que sufre de ataques de ansiedad y le das una buena dosis de THC? ¿Ver cómo tiene un ataque más?

Seguramente, si consultas a una persona que sufre de ansiedad, huirá del THC y abrazará el CBD como vehículo para sus momentos de relax y recreativos, ya que le facilitará la relación con otros gracias a su efecto y no le inducirá paranoia ni esos pensamientos molestos sobre si te están mirando o hablando de ti, casi siempre injustificados en realidad. Lo que es lúdico para unos, puede ser un infierno para otros y viceversa.

La siguiente “mentirijilla” es una que seguramente has escuchado muchas veces ya si te has interesado por estos temas: el THC coloca pero el CBD no te coloca. Dicho así, y ya que “colocar” es un verbo que habría que definir, podría colar. Pero cuando se usan términos científicos para el asunto, la cosa cambia: el THC es psicoactivo y el CBD no es psicoactivo. ¡¡MEEC!! FALSO!!

Tanto THC como CBD son ambos psicoactivos, pero siendo dos sustancias distintas presentan efectos y farmacología distintas. El THC es el responsable de la mayor parte de los efectos psíquicos -de los que somos conscientes- cuando fumamos cannabis, y el CBD suele ser retratado como un “modulador a la baja” para el THC. Eso es en parte cierto, ya que el CBD modula el efecto del THC y lo hace “a la baja” pero para los efectos psíquicos, ya que para otros (como su capacidad anti-inflamatoria, por ejemplo) se produce una sinergia que aumenta dichos efectos únicamente medicinales, entendiéndose estos como “no psicoactivos”.

Pero mientras el efecto del THC es claro en la psique de una persona, el del CBD es más difuso y sutil. A mí me resulta fácil de explicárselo a quien me pregunta usando la “analogía del Valium”: ¿si tomas una pequeña dosis de Valium u otra benzodiacepina, te colocas?
A esa pregunta la mayor parte de la gente -que ha experimentado alguna vez dicho efecto- contesta que no, que no te colocas con una benzodiacepina y que más bien te hace lo contrario: quitarte el colocón y relajarte, a veces hasta darte sueño. Pero “colocar”, no coloca (salvo extraños casos que pueden darse en un pequeño porcentaje de la población) y sin embargo todos saben que está haciendo un efecto, y precisamente un efecto sobre su psique induciendo “calma” al acoplarse como agonistas a los receptores GABA, los mismo a los que se une el alcohol (ese que en una dosis pequeña, no nos “coloca” pero en una dosis mucho mayor puede matarnos). Si un compuesto está induciendo calma, o provocando relajación al liberar tensiones o, como ocurre con los niños afectados por epilepsias complejas como el Síndrome de Dravet, haciendo que pasen de sufrir 30 ataques epilépticos al día a estar “estables y con muchos menos ataques”... ¿podemos decir que no es psicoactivo?

Si un compuesto tiene actividad psíquica, aunque no se pueda identificar puntualmente su efecto (como ocurre con un antidepresivo, por ejemplo, que has de tomar durante muchos días para que desarrolle todo su potencial) es psicoactivo. Incluso los temibles neurolépticos -lo que le dan a quien sufre un brote esquizoforme o tiene una psicosis tóxica, por ejemplo- que son llamados “camisas de fuerza químicas” o “lobotomizadores químicos”, son psicoactivos aunque la actividad sobre la psique no resulte demasiado agradable (especialmente si buscas diversión, o colocarte).

Ya que lo de que “el CBD no es psicoactivo” es algo repetido como un mantra, quise preguntar a Hugo Madera, conocido activista hispano, director de un medio cannábico de máxima difusión desde hace lustros y un defensor de las virtudes del CBD en sus aspectos medicinales, pero también en los lúdicos y que actualmente mantiene la web CBDCANNABIS.ORG, dedicada especialmente a tratar todos los aspectos de la planta del cannabis desde el prisma del CBD.

Me confirmó que si bien “se dice que no es psicoactivo” eso no es cierto, sino que más bien parece que para que tenga una psicoactividad perceptible, tiene que tomarse en cantidades muy altas para llegar a notarse, y que se experimenta como una intensa relajación y no como un estimulante mental de tipo enteógeno como es el efecto habitual del cannabis fumado. Eso mismo me confirmaron otras personas que habían hecho pruebas con cantidades medidas (a partir de 400 mgs) de CBD, aunque una de ellas (que tiene un negocio legal de venta de comestibles con CBD en USA) en el momento en que vio que la conversación le hacía reflexionar sobre lo que había dicho de su efecto -que si bien no te ponía “high” si te daba un “efecto calmante”- y que le señalaba que si tenía efecto perceptible entonces el CBD era claramente psicoactivo, prefirió no contestar más (lo de colocarse, aunque sea relajado, en USA, está muy mal visto y los vendedores temen que les vinculen con esas ideas, así que prefieren decir que el CBD no coloca nada).

Después de esa “media verdad” de que el CBD no tiene efectos, vino la consecuencia inmediata: “el CBD es bueno y el THC es malo”. Esa idea ha sido muy apoyada por los sectores que entienden que cualquier efecto psíquico perceptible es algo con lo que hay que acabar, y aceptan que el CBD tiene un claro valor medicinal mientras se lo niegan al THC. De entrada, hablar de buenos y malos cuando nos referimos a “estructuras atómicas en el espacio” como son las moléculas, suena a chiste de locos. Ni uno es bueno y el otro malo, ni el que una sustancia tenga un efecto psíquico es intrínsecamente bueno o malo, y son divisiones artificiales que tratan de mantener el mercado del CBD lejos de la batalla “aún no del todo ganada” por la marihuana. No es de extrañar: desde hace más de un siglo llevan mintiendo sobre el cannabis, y no pueden reconocer ahora que todo era mentira sin perder todo un sector “limpio” de potenciales clientes que no quieren nada que tenga que ver con “marihuana” y sí con algo totalmente permitido.

Y esto era así hasta hace poco, cuando la DEA irrumpió en el mercado del CBD con una divertidísima ocurrencia: meter los extractos de cannabis (aparte de los realizados con su resina, que esos tienen “pena propia”) dentro de la lista I, la más restrictiva posible, y dejar a una sustancia como el CBD como “sin aplicaciones medicas con humanos” y con un “alto potencial de abuso”. Lo nunca visto. Esto lo hizo tras la recomendación preceptiva de la FDA que no quiso hacerla pública, y que VICE Magazine les forzó a entregar mediante una FOIA (Freedom of Information Act, un mecanismo que no tenemos en España por el que las agencias del gobierno están obligadas a dar la información de lo que han hecho con el dinero de todos los ciudadanos, respondiendo con los documentos de forma obligatoria, aunque cara económicamente).

El motivo de estos extraños movimientos, ya que una agencia como la DEA está hecha para “reforzar la ley” sin potestad para crearla y su acción ha generado una encendida respuesta, lejos de responder a cuestiones morales entiendo que responde a cuestiones meramente económicas. Tanto la DEA como otras instituciones de la obsoleta guerra contra las drogas, están buscando cómo mantener su trabajo y agarrándose a un clavo ardiendo -como es el hecho de incluir en la lista I una serie de compuestos y extractos de la planta- aunque según ellos, esto es sólo para poder tener un mejor control y prever las necesidades ya que no tenían un código para los extractos de marihuana, aunque sí para la marihuana y para los cannabinoides, pero de paso dejan los extractos de la planta en la más restrictiva lista.

Parece que los lobbys que se oponen a la legalización absoluta del cannabis, y en especial el farmacéutico que mientras fabricaba fentanilo, financiaba campañas contra la legalización de la marihuana, están moviendo sus hilos para que estas agencias que están quedando huérfanas y vacías de función, terminen sus días siendo colonizadas por intereses ajenos a su función, como es el caso. Poniendo el acceso a los extractos de cannabis sin THC más difícil tanto para pacientes como para productores, no están sino retrasando un poco más lo que ya parece inevitable: que a medida que el cannabis se haga más y más prevalente en la sociedad, muchos de los males para los que la BIG PHARMA ha estado vendiendo remedios (a veces mortales) pasarán a ser tratados directamente por las personas con cannabis, y eso es algo que cualquiera puede producir en su casa.

El CBD no dará dinero a la industria farmacéutica y sí que se lo quitará; de hecho ya lo estaba haciendo gracias a sus condición de sustancia legal -hasta la broma de la DEA- a diferencia del THC.

Pero todo esto es, volviendo al inicio de este texto, una falsa dicotomía en la que parece que haya que tomar partido por uno de los dos compuestos, CBD o THC, y declararse en coherencia con el compuesto. Esa es la trampa, hacernos bajar a elegir en una disyuntiva artificiosa, modulada por una historia de aberraciones morales y legales llamadas “Guerra contra las drogas y sus usuarios” y que a día de hoy seguimos sufriendo.

No piques: si tienes que elegir algo, que sea la variedad de cannabis que te sienta mejor a ti para el uso que le quieras dar.

Elige vida: elige cannabis y que no te engañen.

lunes, 21 de mayo de 2018

USA: del dolor crónico al suicidio por dolor.

Este texto fue publicado en Cannabis.es a raíz de la declaración de Trump de una emergencia nacional de salud pública, a la que no dota de fondos. Sin embargo, la idea de la epidemia de opioides está calando entre cómodos legisladores que, cuando enfrentan un comité para exponer sus ideas, dicen que el paracetamol es un buen remedio para sustituir a los opioides u opiáceos...

Con este panorama, los pacientes de dolor crónico a quienes están forzando a dejar su medicación sin usar un sustituto apropiado, están empezando a suicidarse empujados por sus médicos, que les dejan totalmente abandonados

Las directrices que se están dando son atroces y totalmente fuera del marco científico. Han forzado a toda la población con dolor crónico de tipo no-oncológico a reducir sus dosis de opioides, para pasar a cero miligramos semanas después.

¿Acaso el dolor provocado por un cáncer vale más que el dolor de origen distinto?


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La semana pasada el presidente de USA, Donald Trump, declaró una emergencia de salud pública de alcance nacional, debido -oficialmente- al problema de las muertes por sobredosis de opioides y/o adulteración de heroína con fármacos como el fentanilo (fenómeno -curiosamente- concomitante en lugar y tiempo al primer problema). ¿Qué quiere decir eso y por qué lo hace?



Pues a pesar de lo bien que suena -al oído desentrenado del lenguaje político- quiere decir muy poco, en realidad y mucho, sin dar la cara. Los números a los que este acto de Trump dan paso, nos dan una clara idea a la primera: el fondo de emergencia pública sanitaria, en estos momentos, cuenta con un montante de... algo menos de 49.000 euros (57.000 dólares)
Sí, has leído bien: 49.000 euros, que es lo que vale una furgoneta o un coche de gama media. No son 49 millones, ni 49.000 millones. No; eso es lo que hay en la caja del dinero que la acción de Trump abre, para hacer frente a una emergencia de salud pública que está matando decenas de miles de personas, en un país que tiene 325 millones de ciudadanos censados.

Para entender la razón de este movimiento, habría que repasar cuándo fue la primera vez que Trump usó la posibilidad de lanzar la “Emergencia Nacional” (no la de salud pública como la lanzada, sino una “sin apellidos” que en realidad sí que daría acceso a fondos serios como para poder enfrentar cualquier cuestión) en el asunto de las muertes por sobredosis de opioides. Fue en agosto de este año, momento en el que recibió el informe de la “Comisión de Combate a la Drogadicción” (sic) -organismo creado por él mismo semanas antes- y que le indicaba, como dictamen final, que debía declarar la “Emergencia Nacional” (sin más apellidos).
Nadie cuestiona que las cifras de muertes por sobredosis en USA son las más altas de la historia, matando varias decenas de miles de personas cada año, y que la situación requiere tomar medidas. Pero este gesto resulta ser totalmente cosmético, y dirigido a la gran masa del “público usano” que se ve constantemente bombardeado por noticias y datos sobre muertes relacionadas con drogas. Y aquí ya he dicho drogas en lugar de opioides, porque una importante parte de la nueva posición del gobierno de Trump es hablar de sobredosis de heroína y/o drogas, e ir olvidando que esto viene de los opioides de farmacia recetados legalmente. La posición es tan brutal que han iniciado una nueva vía con el fiscal general -el miserable Jeff Sessions, quien afirma que “el que fuma cannabis no puede ser buena gente”- por la que inculpan legalmente por homicidio a los camellos cuyo material haya producido alguna muerte, por una razón u otra (dando igual que sea por adulteración a que sea por una sobredosis real, ya que se vende una sustancia de la “maldita” Lista I y, por ende, totalmente prohibida).
Eso, que puede sonar bien si creemos que se usa contra “camellos sin escrúpulos que cortan la heroína con fentanilo para ganar más dinero”, en realidad contra quien se emplea (dado el modelo de distribución de drogas en el mercado negro de USA) es contra “el colega, probablemente también consumidor de esa misma heroína, que compra cantidades algo mayores y menudea para sostener económicamente su consumo”. El fentanilo, mortalmente introducido en la cadena de opioides/opiáceos del mercado negro de toda Norteamérica -desde México, principalmente- no está en las manos del camello que trapichea con papelinas, sino en manos del narco que produce cada lote de droga en el que, como de costumbre, los usuarios del mercado negro son los conejillos de indias. Así que -además de ser éticamente una salvajada-culpar a los camellos de más bajo nivel de homicidio por vender drogas es una medida -también- totalmente cosmética y orientada a manipular a un público poco informado e intencionalmente asustado, para poder ser manipulado mejor.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? En febrero del año pasado, desde esta web, dábamos ya una buena serie de explicaciones para legos, explicando el asunto de los opioides en USA. Y las explicaciones, lógicamente, han cambiado poco: la población en general fue sobremedicada con opioides, recetados legalmente por médicos empujados económicamente (a base de untarles de dinero) a convertir a sus pacientes en yonquis. Todo eso con la bendición y cooperación del gobierno de USA y sus legisladores, también generosamente “engrasados con ceros en su cuenta” por los lobbistas de la BIG PHARMA de la zona, porque el problema es bastante similar en Canadá ya que copia -prácticamente- las líneas generales de actuación de su vecino en materia de salud.
Una vez que la población estaba totalmente enganchada, con cifras récord en su historia, empezaron a llover las muertes por sobredosis. Pero esta vez el sector de la población más afectado por la crisis de los opioides en USA, es la mujer de mediana edad y de raza blanca: no son yonquis callejeros, ni negros a los que poder disparar a placer. 
Abuelas, por así decirlo, que sin saber dónde se metían con los opioides (a diferencia de quienes los buscan activamente) se tragaron aquello que su médico les dio -y en muchos casos, les vendía él mismo- y acabaron en un punto que no podían imaginar. 
Luego, y como remate, tras haber sobreprescrito opioides con extrema generosidad, cortaron las recetas de los mismos a quienes ya eran “médicamente adictos”, haciendo que estas personas fueran a buscar “algo equivalente” al mercado negro, donde les estaban esperando la heroína (siempre más barata que los opioides de farmacia) y, para más INRI, con niveles récord también de adulteración con fentanilo. Es decir, tras tenerles enganchados y vendiéndoles legalmente sus drogas, les lanzaron al más peligroso mercado negro de opiáceos y opioides jamás visto en la historia de la humanidad.

Carta que están enviando -en USA- médicos
 que tratan pacientes con dolor crónico de origen no-oncológico, 
desentendiéndose totalmente de los mismos.

De esta forma, acabamos con imágenes como las de aquel policía que sostenía -agarrándola del pelo y sin prestarle ayuda alguna- a una mujer blanca en un coche, con un niño pequeño detrás consciente y observando todo, para fotografiarla y subir dicha imagen a las redes sociales a modo de escarmiento a la “desviada madre yonqui”. Pero ni siquiera era su madre sino su abuela, aunque por inmoral que parezca la ira mediática fue contra la mujer con sobredosis y contra la familia del niño (su madre, por dejar a su hijo al cuidado de su abuela) en lugar de contra la pareja de policías que se dedicaron a jugar con dos víctimas -en peligro de muerte- y delante de un niño que veía todo.
¿Y finalmente, qué implica este nuevo momento político?
Decía ayer Bill Clinton, en el marco del #OpioidSummit celebrado estos días para abordar soluciones a la crisis, que “era la primera vez que un problema de drogas era enfrentado con medidas de salud pública y no con un enfoque penal y sancionador”. Diane Goldstein, ex-policía anti-narcóticos que entrevistamos en esta web, opinaba que “por desgracia eso no era cierto, ya que la guerra contra las drogas [en su plano más clásico y moralista] seguía salvaje por todos los lados” desde su su cuenta de Twitter.
La realidad del conjunto de hechos -datos no cuestionables- y las medidas que se piensan adoptar y ya se están adoptandobajo la excusa de la emergencia “de salud pública” nacional, daría para decenas de páginas de análisis, pero mucho más de tipo político que técnico sobre el problema. Y es cierto que, sobre el papel, el enfoque es de salud pública pero al estilo usano: tratamientos forzosos junto con equiparación entre consumidor de drogas y enfermo mental. Eso, en lugar de la cárcel por tener un porro en el bolsillo, puede sonar bien ya que lo de la cárcel suena peor, pero es una pesadilla compitiendo contra otra pesadilla: ambos enfoques son degradantes para cualquier ser humano.


Véase la delicadeza que muestran los medios
 para referirse a dos personas en sobredosis; 
similar a la de los policías que, en lugar de atenderles, 
se dedicaron a subir sus fotos a Internet.

Pero esta última imagen que os dejo, servirá para entender porqué esta emergencia es más naZional que nacional, sin dejar de ser real el problema que se supone que va a atender. Al loro, que ahí va.
El mencionado ya fiscal general de los USA, Jeff Sessions, ha hecho unas declaraciones que sitúan de forma inequívoca, el enfoque con el que se enfrenta este asunto. Según Jeff, el asunto de las muertes por opioides a nivel epidémico en USA, tiene que ver con la marihuana y el cannabis. ¿Por qué? Pues porque muchos jefes de policía le han contado que “la adicción empieza con el cannabis” y que “es una droga que sirve de puerta de entrada a las demás drogas”.
Como podéis ver, un enfoque totalmente novedoso -lo es, tratándose de opioides recetados por médicos legalmente- y que nunca antes habíamos escuchado: la marihuana como puerta de entrada.
¿Y qué hacer ante ese panorama tan aterrador y desalentador?
Pues está claro. Jeff, lo tiene claro. Según Jeff, ya se ha luchado antes la guerra contra las drogas y se ha ganado(cuándo, no lo sabemos). Y para ello, la receta mágica es muy simple. Casi tanto como la “Emergencia NaZional”, y es otro gran enfoque que nunca habíamos escuchado.
Los ciudadanos deberían, simplemente, decirle que NO a los opioides." (sic)

De Nancy Reagan a Jeff Sessions, cómo pasa el tiempo...