Es la hora: tenemos que matarte.

Este texto fue publicado en el portal Cannabis.es, unos días después del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un relato "novelado" pero basado en hechos, por desgracia, absolutamente reales. El problema moral que se plantea aquí, ya no es siquiera si matar a otro ser humano es correcto o no (fuera de la autodefensa), sino lo atroz de la forma en que aplicamos esas sentencias de muerte y las razones -paradójicas- que han llevado a ello.

Sigo pensando que, en general y como especie, aún no hemos tocado fondo: siempre se puede cavar más bajo.


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“Es la hora. No podemos retrasarlo más: hay que hacerlo ya”- se escuchó claramente colarse, como un reptil, dentro del silencio estruendoso que era la naturaleza del medio, alli dentro en la “Cámara de espera”. Al menos, así era la mayor parte del tiempo. 

“Cámara de espera” era el nombre del receptáculo, frío y aséptico cual cuarto de baño, únicamente creado para que nadie -salvo el vigilante de guardia- tenga que soportar la desesperación absoluta de un ser, atado de pies y manos por correas de cuero, que va a morir -si tiene suerte- breves instantes después.

La llamábamos la “Cámara de la locura”, porque allí los funcionarios éramos forzados a observarles siempre sin intervenir salvo que el reo encontrase la forma de liberarse, o de intentar quitarse la vida antes del momento legalmente establecido para ello; nadie se puede hacer una idea completa de las cosas que presenciábamos, cuando delante tienes a un ser que espera a que le maten en cuanto le saquen de esa sala. 

Sólo se conocía un caso en que un reo hubiera salido con vida -y siguiera con vida a día de hoy- tras entrar en una de esas salas: el complejo caso de Romell Broom, que aguantó -durante 2 horas- las drogas que le dieron, sin morir. Y fue precisamente su caso el que disparó la revisión de los fármacos usados para matar, sin atender a que el fallo fue una mala colocación de la vía intravenosa -acabó siendo intramuscular- lo que causó que no surtieran efecto las drogas administradas.

Un dolor en mi espalda, tensa como reaccionando a esa frase que ofendía aquel primigenio silencio, me trajo de vuelta a la realidad. Me llegaba -de nuevo- el momento de conducir a un hombre a su muerte: nunca podré explicarme, con suficiente claridad, cómo llegué a ocupar este puesto de trabajo. Y era tarde -de nuevo- para situarme ante tamaños dilemas morales: tenía que llevarle a la sala blindada para que, los testigos por parte de familiares y otros representantes del estado (ya que la prensa no solía ser bien recibida), pudieran observar su muerte como parte de la justicia dictada.

Este reo – condenado por asesinar a una dependienta durante un atraco- estaba relativamente tranquilo. No rezaba ni maldecía, no murmuraba nada, y apenas le escuchaba la respiración: agitada por momentos y calmada a otros. Pensé que era mi día de suerte por no enfrentarme a un mal trago -de nuevo- llevándole a una muerte no deseada, y pensé que tal vez anhelaba este instante.

Entonces una pregunta desbarató el momento: “Oye... ¿con qué me van a matar finalmente?”

Mediante sus abogados, provenientes de grupos de derechos humanos y civiles, había presentado todo tipo de apelaciones y la última versaba sobre las drogas con las que le ejecutarían. En realidad, él había sido una marioneta que firmaba papeles presentados por terceros, sin tener esperanza -ni tal vez deseo- de que le evitasen la pena capital.

Todos los funcionarios en la prisión estábamos al tanto de esa apelación, que cuestionaba la constitucionalidad de matar a una persona con unas determinadas drogas, en lugar de con otras distintas. Y en su esencia nos parecía estúpida, pero la inmensa mayoría deseábamos que prosperase para no tener que participar en más ejecuciones. 

Mi voz se quebró al tener que contestarle -me sentí incapaz de negarle, por derecho, dicha información- aunque podía haber llamado al médico para que se la facilitase. “Midazolam y un mórfico; no es una mala forma de dormir...” - dije, intentando sonar balsámico en mis palabras y evitar toda alusión trágica que empeorase sus reacciones emocionales y, por ende, fisiológicas.

“No funcionará bien. Que te den un 'valium', antes de chutarte una sobredosis de heroína, no basta para que...” -hizo una leve pausa mientras espiraba- “...duermas rápida y tranquilamente.” - sentenció sin alterarse en ningún fonema de la frase.

Agradecí que utilizara el verbo dormir en su contestación y -con un nudo en la garganta- aguanté el tipo sabiendo que su respuesta era cierta: el nuevo método usado, en lugar del tradicional 'Protocolo Chapman' con barbitúricos, no estaba pensado para matar rápida y efectivamente, sino para ayudar a morir -en la cama, con calma- a un paciente en fase terminal. De haber sido yo o cualquier ser querido el condenado, hubiera preferido el pelotón de ejecución.

La agonía, que comenzó instantes después, duró 13 eternos minutos en los que su cuerpo -a pesar del estado de aceptación con que llegó- se defendió de la muerte como pudo, revolviéndose y moviendo los brazos, apretando los puños, tosiendo e intentando aspirar una brizna extra de aire que le mantuviera con vida unos segundos más: algo así nunca habría sucedido con el original “Protocolo Chapman”.

Así ha sido la muerte -en vísperas de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos- de Ronald Bert Smith: un alcohólico de 45 años con un cargo de asesinato, sobre el que 7 miembros del jurado decidieron que “debía pudrirse en la cárcel” y 5 decidieron que “debía morir”. 

Pero, en un acto sólo permitido por la inexplicable legislación penal de Alabama, el juez del caso decidió pasarse el veredicto del jurado (cadena perpetua) por el arco del triunfo, y le prescribió al reo unas inyecciones para terminar con su vida: pena de muerte como sentencia, que se aplicó hace días, 22 años después de los hechos.

Lejos de entrar en el debate sobre la conveniencia, utilidad, moralidad o cualquier otra consideración sobre la pena de muerte, este texto busca concienciar sobre otro hecho más básico: no estamos matando bien a los condenados. La propia prensa usana, acostumbrada a este tipo de eventos, califica varias ejecuciones ocurridas en los últimos tiempos como “chapuzas y carnicerias”. Y no es para menos, en vista de algunos de los últimos casos.

¿Qué es lo que está fallando? Pues que andan cortos del fármaco más utilizado -y con el que más experiencia se tiene- para matar: el omnipresente pentotal sódico que cualquier veterinario lo tiene a mano y en grandes dosis, al ser el usado en la eutanasia animal. Y también en los hospitales, ya que es el fármaco de preferencia para la inducción del coma -necesario como tratamiento- y el único barbitúrico que se sigue usando en anestesia. O en su defecto, otro barbitúrico: el pentobarbital, al que se le puede dar el mismo uso. 

Los distintos estados en USA, en concreto el sistema penitenciario, se ven cortos de un fármaco del que -en realidad- tienen cantidades ingentes. Están tan cortos de estos fármacos, que las organizaciones que luchan contra la pena de muerte, tienen contabilizadas hasta las dosis restantes.

¿Qué sentido tiene semejante paradoja? Ninguno. Es tan sólo una consecuencia de la suma de dos vectores actuando: la kafkiana guerra contra las drogas y sus obtusas regulaciones más el activismo contra la pena de muerte al fijar como objetivo a las empresas farmacéuticas, que vendían dichos productos al departamento de prisiones. Esto ha llevado a que algunos estados “blinden en contratos secretos” a los proveedores, o que tengan que recurrir a la “síntesis a medida” solicitada a fabricantes conocidos como “compounding pharmacies”, cuyos estándares están por debajo de lo habitual -causa esta de ulteriores recursos a su vez- y se usan sólo en casos muy concretos.

Desde el año 2006, la ley en USA permite a los condenados a pena de muerte cuestionar la constitucionalidad de dicha pena, cosa que hasta entonces no se permitía. Este cambio llevó a establecer todo tipo de recursos legales, para detener o retrasar lo más posible las ejecuciones de los condenados. 

Por un lado, el activismo contra la pena de muerte, aprovechó los errores sucedidos en las ejecuciones para luchar -estilo “todo vale”- contra las mismas. En ese proceder, apuntó contra los fármacos usados, cuestionando el “protocolo Chapman”. Este protocolo -creado por un médico y un cura buscando la forma más efectiva de matar sin causar sufrimiento- fue la aplicación médica y compasiva de los conocimientos disponibles, alcanzando con notable éxito su propósito. El hecho de que fuera cuestionado legalmente, no respondía tanto al protocolo en sí, como a recovecos legales usados y explotados para evitar ejecuciones.

Por otro lado, las empresas que vendían los fármacos usados (curiosamente, sólo las que vendían el barbitúrico) se vieron en el punto de mira del movimiento activista, relacionándoles públicamente con los aspectos más desagradables de una ejecución, a lo que respondieron de la forma más lógica: negándose a vender más drogas para utilizar en ejecuciones. 

Como esas sustancias son vendidas al departamento de prisiones en lugar de a instalaciones veterinarias o médicas, resulta sencillo negarles el acceso -al menos de forma oficial- a la droga. Y como el sistema legal, para adquirir cualquier sustancia que esté fiscalizada por las regulaciones sobre fármacos en USA, tiene una serie de exigencias que cumplir -como que los fármacos sean fabricados con estándares de seguridad para su uso en humanos, aunque estén destinados a matarles- a las prisiones se les hizo cuesta arriba obtener suficientes drogas para matar a sus condenados. 

El caos que todo esto llegó a causar -en el estricto protocolo seguido para matar por orden judicial- hizo que en una ejecución el condenado estuviera más de media hora vivo -tras la final inyección que debía detener su corazón en el acto- porque en realidad fue ejecutado con un compuesto equivocado, que le mató mediante un doloroso envenenamiento en lugar de instantáneamente.

Una de las reacciones, que estos nuevos problemas provocaron, fue que los estados recurrieran a disposiciones legales que abrían nuevas vías para matar o que volvían a instaurar algunas ya en desuso durante décadas. 

Entre las viejas glorias redescubiertas, estaban el pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica, autorizados para prever situaciones en que las prisiones no puedan acceder a los fármacos necesarios. 

¿De veras se puede considerar eso un avance, en lo que les espera a los presos, frente al uso de un protocolo que bien aplicado no tiene apenas fallos? ¿La silla eléctrica de nuevo? ¿En serio?

Entre los nuevos protocolos, para matar por parte de los estados, se empezaron a explorar otros compuestos -con una, dos o tres drogas, en un sinfín de variaciones- y se dio permiso para emplear a falta de otras opciones, “la asfixia con nitrógeno”. 

Se desarrollaron planes para usar propofol -suspendidos a última hora por las presiones del laboratorio europeo que lo fabrica- o fentanilo en dosis masivas, como droga única o combinado, para provocar la muerte combinado de forma rápida e indolora. 

Resulta especialmente paradójico al mencionar el fentanilo, darse cuenta de los problemas que está encontrando el estado para matar a sus condenados, mientras que la misma sociedad es golpeada por una cifra récord de muertes debidas a drogas, tanto legales como ilegales.

Ha quedado suficientemente claro -a estas alturas- que los estado no cederán en desmontar la pena de muerte, allí donde esté implantada, por unas meras complicaciones a la hora de elegir la forma de matar.  Lo seguirán haciendo recurriendo a viejos o nuevos métodos si los activistas, con sus recursos legales y/o sociales, les impiden el uso de uno de ellos. 

Y esos métodos no parecen ser menos traumáticos para los condenados que el antiguo protocolo: un barbitúrico que deje al sujeto inconsciente y anestesiado -en la dosis que sea necesaria por la variabilidad de cada sujeto- seguido de una dosis de un paralizante muscular -que detiene los pulmones y la respiración- rematado con una dosis de cloruro potásico, que paraliza el corazón, produciendo la muerte de forma efectiva y rápida: el 'Protocolo Chapman'.

Si el resultado del activismo contra la pena de muerte en USA es causar un mayor sufrimiento a los que enfrentan su ejecución, tal vez es el momento de replantear la forma en la que se pretende alcanzar el objetivo. 

El fin no justifica los medios y no podemos asumir causar muertes traumáticas, a unos cuantos sentenciados cuales víctimas colaterales, en un proceso “en esencia positivo” como es luchar por acabar con la pena de muerte. 

En ocasiones lo ideal es enemigo de lo bueno; es probable que este sea uno de esos casos.

El verdugo

Hace unas semanas, pudimos ver en los medios una cierta campaña internacional para detener unas ejecuciones en Indonesia.

Ejecuciones legales, en todo lo que la palabra legal puede dar de sí, ya que se atienen a unas penas previstas en un código penal de un país soberano.

Las ejecuciones, anunciadas meses antes y ejecutadas con marcial precisión, tenían un punto de interés que otras muchas no tienen: de 8 ejecutados por el gobierno de Indonesia, 7 eran extranjeros. Así que el tema se trató con canallesca marrullería por parte de los gobiernos afectados, que se rasgaron las vestiduras e incluso hubo presidentes de estado llamando por teléfono para conseguir un indulto para los condenados. Pero de nada sirvió. No quiero decir o suponer que ninguno de los intentos que se hicieron para frenar esas ejecuciones fueran sinceros, pero era evidente que no era más que “el detalle social” en la agenda de esos días para algunos mandatarios occidentales. Indonesia hizo “lo que tenía que hacer” porque para eso se le ha enseñado que eso es lo que debe hacer.

¿Cómo enseñas a tu perro lo que quieres que haga y cómo lo que no quieres que haga? Pues con recompensas y juego si eres un buen educador, y con castigos si lo que quieres lograr es que te tenga miedo y obedezca asustado. No hablo, por supuesto, de la población castigada con dichas condenas sino de los gobiernos que las aplican sin que les tiemble el pulso. A Indonesia le hemos enseñado nosotros, los occidentales gobiernos escandalizados, a ser como es.

Indonesia es uno de esos países complejos por su geografía -cientos de islas, como la de Bali- y por su historia. Hace 70 años que les dio por declarar la independencia, en un movimiento oportuno en plena rendición de Japón a los USA tras haber soportado los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Y tras 4 años de lucha los originales colonizadores holandeses acabaron cediendo el asunto, así como reconociendo la soberanía del territorio. El héroe de aquella jugada se llamaba Sukarno y era el hombre fuerte del asunto: un líder nacionalista que iba a aprovechar la jugada de tener a una fuerza enemiga como Japón totalmente inoperativa tras la rendición a USA. Eso ocurrió en 1945 pero este “buen hombre” había llegado para quedarse, mucho tiempo, como otros dictadores de la época.

Del 45 en adelante, y especialmente tras la “rendición” holandesa de 1949 ante la presión internacional de las últimas descolonizaciones, el país se fue convirtiendo en una jaula en la que la mano dura era la política a aplicar, y se habían ido enterrando los mecanismos democráticos para dar paso al autoritarismo del “gran líder”. Sukarno supo sacar partido en las relaciones exteriores a las disputas de los dos bloques en la guerra fría, consiguiendo los favores de la China comunista y de la URSS en su política expansiva tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo siendo cortejado por USA en el juego de la misma política: todos poniendo dinero y más dinero hasta ver quién se quedaba con el “amigo”.

Así fue tirando hasta 1965 en que un golpe de estado, en el que fueron asesinados 6 generales, les sirvió de excusa para efectuar una purga salvaje dentro de los aparatos políticos del Partido Comunista con un saldo de unos 500.000 muertos. Poco después, su estado de salud y sus riñones le dejarían en un segundo plano, controlado por el General Suharto -los nombres molan mucho- quien tomaría los mandos del país en 1968, con el apoyo explícito de la administración USA.

Tras eso, el general Suharto gobernó otros 30 años hasta que la salvaje crisis económica que azotó los mercados en la década de 1990 le hizo tener que apearse y ceder el puesto a otros -en 1998- que desde entonces intentan abrir de nuevo una sociedad realmente democrática, en un embrozado camino pavimentado por corrupción económica y política, a imitación de sus mejores aliados occidentales. Es cierto que en Indonesia el tema de la religión, el Islam y sus manifestaciones, es un tema a tener en cuenta: es un país que intentó poner la sharia o ley islámica como primera norma legal, ya en el año 1945. 

A día de hoy, todavía existen ciertas formas de ley derivada de la sharia en algunas zonas del país, que también cuenta con tribunales religiosos. Aunque es justo decir que el contacto de Indonesia con la riqueza occidental -bajo el abrigo de USA- les ha hecho comprender las ventajas de un Islam alejado de fanatismos como los que observamos en Oriente Medio. Pero la ley islámica es algo que tiene un eco cultural para muchos Indonesios, que han vivido en zonas con autoridades cuyo poder emanaba de lo administrativo-estatal y de lo religioso al mismo tiempo.

Por un lado las ejecuciones no son algo “llamativo” para los habitantes del país, que saben que es un castigo para muchos delitos, incluidos los de drogas aunque no impliquen violencia alguna. Esa parte, en la que aceptan que los delitos de drogas (delitos de libre comercio sin daño a terceros) pasen a ser castigados de la misma forma que el homicidio y el asesinato, es nuestra marca cultural.

La marca que occidente ha impreso sobre terceros países, en la desmedida guerra contra las drogas y sus usuarios, convenciéndoles de que existía una especie de equivalencia entre comerciar con drogas y matar inocentes que justifica castigar con la pena de muerte esos delitos. En Indonesia, llevar cocaína en tu maleta es peor que haber violado a una menor o que haber traficado con armas.

No resulta muy distinto de lo que pasaría en Irán si te pillan con ese marrón, o en Corea del Norte -a pesar de su “Oficina 39” con la que consiguen divisas sintetizando y vendiendo drogas a los cárteles- gracias a la universalidad que hemos conseguido “en la guerra contra las drogas”. No podemos adiestrar a los países para que repriman con toda dureza un crimen sin víctima como la compra-venta de drogas y pedirles que “lo dejen pasar” cuando se trata de “extranjeros”. Eso no es más que un resto colonial en las mentes políticas más obtusas.

A los países se les “educa” a base de dinero: te abro el grifo y te cierro el grifo. El dinero quita y pone dictadores y, por supuesto, hace lo mismo con políticas implantadas desde fuera. Si occidente -como conjunto- cree que es una barbaridad ejecutar personas, debe dejar de cooperar con esos países. El gesto de llamar a consultas a los embajadores, que algunos países afectados por las nacionalidades de los ejecutados en esta ocasión pusieron en escena, no es más que lenguaje diplomático que -los otros países- se pasan por el arco del triunfo porque no significa nada.
Si quieren que los países “menos civilizados” dejen de ejecutar personas por delitos insignificantes, no les hablen de derechos humanos. Háblenles de tratados de comercio y de recortes en la cooperación: hablen de cómo les van a cerrar el grifo de la pasta si no hacen caso.

No es que nosotros estemos mucho más “civilizados”: hoy tenía que comer viendo en TV cómo un policía municipal de Palma de Mallorca (una ciudad poco sospechosa de infradesarrollo) pateaba la cara de un detenido que no podía defenderse. ¡¡Un garbanzo negro no hace cocido!! Ya, pero alrededor de ese garbanzo, había otros 5 policías que “estaban en la fiesta” de la tortura al maniatado: uno de ellos evitando que una cámara grabase los golpes -estilo karateca macarra de gimnasio- contra la persona indefensa. Tan culpable es el garbanzo que pega como el que calla y tapa, ambos son necesarios en el crimen.“Policías en Mallorca”; como si fuera un programa de ficción.

Supongo que si esos policías hubieran nacido en otra parte del mundo, donde las torturas son “legales”, serían grandes miembros productivos de su sociedad. Y si tuvieran que torturar -en nombre de la ley- a un comprador de cannabis, pues lo harían. O si tuviesen que cortar un brazo a una persona por haber robado, también lo harían -supongo- si lo manda la ley.
¿Y qué más harían, estos policías, si lo manda la ley?

Ahora mismo hay una abuela de casi 60 años de edad que espera para ser la próxima ejecutada en Indonesia. Se llama Lindsay Sandiford y su país -el Reino Unido o UK- al tratarse de una señora que llevaba cocaína en su viaje a Bali, ha decidido no ayudarla más. Política de drogas, le dicen.

La pobre abuela sabe que, tras la ejecución de “los extranjeros” que nadie pudo detener, ella es la siguiente en morir ante un pelotón de fusilamiento (compuesto por policías-militares). Ya ha escrito cartas a toda su familia porque morirá sin ver a su nieta de 2 años.

Al menos, allí no sufren la escasez de verdugos como les ocurre a nuestros amigos de Arabia Saudí. En Indonesia tienen el ritmo cogido, pero no nuestros “socios de estado” que hace poco cambiaron de rey porque se les murió el que tenían: a rey muerto rey puesto pero seguimos igual. Total, que no les parece que los 85 ejecutados en lo que va de año sean suficientes, y el ministerio responsable de esos asuntos en Arabia Saudí ha sacado una oferta de empleo pública: necesitan 8 verdugos para decapitar y seccionar miembros según la ley.

Me pregunto si conocen a Berlanga.

Este texto fue publicado en el portal Cannabis.es

Elige: o un chute o la silla eléctrica... para matarte.

Esta entrada sobre la pena de muerte y sus chapuzas en USA fue publicada en el portal Cannabis,es, y esperamos que haga un buen maridaje con la cenita de esta noche. ¿No me digáis que no es un tema estupendo para después de la cena de Navidad?

Eso, que disfrutéis mucho de vuestras familias: el gran invento de nuestra sociedad.
Sed felices, hoy.
:))

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Elige: 

o un chute o la silla eléctrica...

para matarte.

Me resulta difícil sentarme a escribir, cuando lo que tengo que escribir es un alegato a favor de la inyección letal, y en contra del activismo “poco inteligente” contra la pena de muerte.

Me siento, me levanto, me muevo como animal inquieto mientras hago lo posible por no empezar. Sé lo que tengo que escribir, pero no me gusta y me revuelvo: supongo que es el efecto de intentar ponerte en la piel de alguien a quien van a matar, de forma legal y con una liturgia perfectamente establecida.

Entiendo que cada vez que -como sociedad- empujamos el émbolo de la aguja, apretamos el gatillo, giramos la palanca o le damos al botón, estamos certificando nuestro propio fracaso: hemos fallado si no hemos encontrado otra forma de actuar que no sea matar a un ser humano indefenso. Levantamos acta -al levantar el cadáver- de nuestra propia miseria.

No voy a entrar a desgranar un rosario de datos sobre lo injusto de la pena de muerte, el número de errores que se cometen en el proceso y que dan como resultado la ejecución de inocentes. Sólo eso bastaría para que no se produjera una sola ejecución legal más. 

Tampoco voy a entrar -demasiado- en la anomalía estadística que es el grupo étnico (raza para algunos) de los ejecutados frente a su porcentaje en la sociedad: los blancos tienen mucho más cheque en blanco antes de pasar por las manos del matarife, no por ser menos criminales sino por disfrutar de un sistema hecho por y para ellos. 

Recordad que los negros -esclavos- fueron marcados en la constitución de los USA como “seres equivalentes a 3/5 de persona”. O lo que es similar: si matas a 5 negros, te cobramos sólo 3. Suena macarra, pero debe ser el lema de los maderos allí, en vista de los ciudadanos negros desarmados asesinados por disparos de policía. Dicen que lo de incluirles como “3/5 de persona” fue algo hecho “por su bien y para ayudarles a dejar de ser esclavos”, pero sinceramente a mí suena a premio gordo entre las “Grandes Cagadas de la Humanidad”.

No voy a irme a ninguno de esos lugares comunes: no me gusta la pena de muerte en ningún caso. Pero entiendo que si, como sociedad, la vamos a aplicar debemos hacerlo de la mejor forma posible. ¿Parece lógico esperar eso en pleno siglo XXI, no? 

Cuando queremos matar, ya no ponemos a una persona en una parrilla sobre brasas, ni usamos 4 pares de caballos para desmembrar a alguien tirando en direcciones opuestas de sus brazos y piernas, ni les enterramos medio cuerpo en el suelo para coser a pedradas -en una fiesta grupal de autoafirmación moral- al reo... OH WAIT!! 

Bueno, aunque se sigue aplicando así la pena de muerte en muchos lugares del planeta, nosotros los europeos y los civilizados americanos, que somos algo más avanzados en ese aspecto, no lo hacemos así. ¡Nosotros no somos bárbaros, jolines!

Cuando se ha tratado de matar, en el pasado siglo y en el presente, de forma legal hemos recurrido a la horca, el fusilamiento, la cámara de gas (¿especialidad nazi?), la electrocución y hasta el garrote-vil o cómo meterte una barra de metal por la nuca hasta causarte la muerte. Hemos ido adaptándonos a los tiempos en esto de matar. Tanto que en el año 1977, en USA, un examinador médico llamado Jay Chapman propuso que, si teníamos que matar, lo hiciéramos de la forma menos cruel posible. 

¿Suena bien? Debería, porque un cura llamado Bill Wiseman se encargó de que eso se plantease legalmente y saliera adelante en el sistema legal de USA. De esta forma nació el “Protocolo Chapman”, que era la forma menos cruel de matar a alguien dentro de lo que la ciencia del momento nos podía mostrar.

El “Protocolo Chapman” consistía en una dosis alta de un barbitúrico de acción ultra-corta (usados en anestesia), seguido de un medicamento que paralizaba la respiración y otro que paralizaba el corazón. No siempre salían las cosas como en la teoría, pero en general no era una mala forma de matar (desde el punto de vista del que va a morir). Y en 1982, Charles Brook se convirtió en la primera persona en ser ejecutada de esta forma “compasiva”.

Aunque entrecomillo lo de compasiva, no dejaba de ser el intento honesto de unas personas que no querían ver sufrir a alguien más allá de lo lógico cuando alguien enfrenta su muerte. Y no era para menos, porque hasta entonces las muertes eran todas mucho más traumáticas. Especialmente un par de ellas. Una es la cámara de gas: un invento de USA, usado desde 1924 hasta el año 1999 para matar gente legalmente. El primer ejecutado por cámara de gas era un mafioso de origen chino llamado Gee Jon, que aunque apeló contra el asunto porque no veía claro lo de morir así, no le hicieron ni puto caso. El estado determinó que -siendo científicos y tal- había que matarle con la forma más moderna de morir, que en este caso creían que era el ahogamiento con gas venenoso.

Cómo el estado es así de simpático, para llevar a cabo el moderno método de ejecución, intentó bombear veneno (el mismo que usaron los nazis, por cierto) en la celda de Gee mientras estaba dormido, pero lógicamente el veneno se salía de la celda. Así que ni cortos ni perezosos, inventaron la “cámara de gas”, ad hoc para cargarse a ese tipo de forma moderna y ya... pues la dejaron inventada, ¿no? Así comenzaba su historia y duraba casi un siglo, porque aunque no se ha vuelto a usar sigue siendo legal en algunos estados, y desde 1979 se han matado -todavía- a 11 personas con este método.

El otro método “científico” data del siglo XIX, y de la “guerra de la electricidad” entre Tesla y Edison. Como Tesla apoyaba la corriente alterna (AC) y Edison la corriente continua (DC), pues el segundo se las arregló para ser llamado por los legisladores y consiguió recomendar que, para la silla eléctrica -el método científico del XIX- se usase la corriente de su competidor. De esta forma intentó que la gente asociase la corriente alterna con la muerte para dañar a Tesla, encargando también un generador de la competencia (Westinghouse) para causar más daño a su imagen. 

Realmente el método lo inventó un borracho que se las apañó para joder una lámpara de arco que hacía de farola (como las de sodio actuales) y LAMER el cátodo y el ánodo, electrocutándose en el acto. Lo hizo porque, esa mañana trabajando con algo eléctrico, había sentido una sensación como cosquillas al entrar en contacto con una pequeña tensión eléctrica.

Sorprendidos todos por lo bien que mataba y sin dejar casi marca, lo elevaron a método capital y lo montaron sobre una silla de madera con correas para atar al reo. La cosa no tenía mucha complicación: un tipo al que le enchufaban un porrón de amperios a un buen voltaje para freírle. Como podéis imaginar, haciendo eso puede ocurrir de todo: desde que el cuerpo empiece a arder, a que le exploten los ojos, a incluso que no mate al preso. De hecho, hubo en caso en el que la silla eléctrica no mató al reo, y aunque él y su abogado alegaron que “ya se había aplicado la sentencia de electrocución” -y era cierto- un tribunal se lo tragó, pero el siguiente dijo que “había que repetir”. En esa ocasión, ya no fallaron.

Por cosas así, se inventó la inyección letal. No tiene sentido hacer sufrir a un ser vivo si el objetivo es -simplemente- matarle. Así, la inyección letal se acabó convirtiendo en el método habitual de ejecución en USA, aunque no se dejaron de usar los demás totalmente. Y cuando en Europa abolimos la pena de muerte, decidimos que los demás tenían que hacerlo también, así que nos pusimos a luchar contra la pena de muerte en USA. ¿Cómo? Pues luchando contra el fármaco que se usa para matar a los presos.

¿Suena estúpido? Lo es, mucho. 

Equivale a querer detener a los asesinos que usan armas de fuego, insultando a los fabricantes de balas y a los productores de plomo. Así de estúpido es lo que se hizo. Y el resultado fue catastrófico: los laboratorios farmacéuticos, conscientes de que suministrar los barbitúricos para matar les hacía salir feos en la foto -ya se negaron en 1924 a facilitar el veneno para la cámara de gas por la misma razón- y viéndose presionados, empezaron a presionar ellos. Se negaron en muchos casos a suministrar barbitúricos para ese fin, a pesar de ser medicamentos que existen en cualquier hospital con quirófano.

Cada estado -en USA- reaccionó como pudo. Algunos decidieron sintetizar ellos mismos la droga para las ejecuciones (incluso la vendieron a otros estados). Pero otros pasaron a probar con otros fármacos: una mezcla de benzodiacepinas y opioides, que es una buena forma de encarar una suave eutanasia pero una mala forma de enfrentar una “rápida y limpia ejecución”. No funcionan igual de bien que los barbitúricos, que para matar parecen tener pocos rivales (son las sustancias más buscadas para fines suicidas en los mercados de Internet).

Algunos presos y sus abogados, decidieron explorar esta vía como defensa legal ante la pena de muerte impuesta, argumentando que “era una forma de castigo cruel e injusta [morir así]”. Y el estado volvió a reaccionar como pudo y supo: “¿no queréis que os ejecutemos con drogas? OK, como vosotros prefiráis”. 

De esta manera llegamos hasta la noticia que ha provocado este texto: cansados de lidiar con presos sentenciados que no se dejan matar, los estados están re-adoptando “viejas formas de matar”. Y están activando planes B por si se quedan sin drogas (debido al activismo y la presión contra los laboratorios) o por si algún reo se queja de que matar con una inyección es inhumano.

Hay 2 cosas que todo juez debería ser obligado a presenciar: la muerte de cada uno de sus condenados a morir y la muerte de aquellos a los que les negó el acceso a una muerte digna. 

No podemos olvidar que todo esto, silla eléctrica, cámara de gas, ahorcamiento o fusilamiento -y la compasiva inyección letal- son la respuesta que como sociedad damos a ciertos problemas, mientras no tenemos problema en negarle el acceso a una muerte elegida a ciudadanos que no han causado daño a nadie.

Paradójica justicia.

“...y justicia para todos”.

* Recomiendo para los interesados en los datos sobre la pena de muerte en USA, la página de http://www.deathpenaltyinfo.org/ con su recopilación de casos y su buscador específico.

El indulto en España: de drogas, tortura policial y agresiones sexuales

Este texto fue publicado en la Revista Yerba.
Esperamos que os guste.

El indulto en España.

Cuando escuchamos el término “indulto” evoca para cada uno de nosotros un hecho con distintas facetas. En todas ellas encontramos la cualidad del perdón: del gladiador que en la arena del Coliseo romano está a punto de morir y el gesto del César con el pulgar hacia arriba le salva la vida, al toro que tras haber pasado un trance de tortura semejante al del gladiador se le salva de la muerte y además se le destina a una vida de semental, comiendo y copulando mientras sea capaz de ello.

Asimismo nos hace observar que hay -siempre- una autoridad o majestad que es la que hace de transmisora del acto por haber sido capacitada, por ley o de facto, para perdonar. En teoría -de la que no llega a hacerse ni papel- el acto del indulto es un acto de gracia, de humanidad, motivado por razones de excepcionalidad que escapan al simple transcurrir lógico del sistema.

Por poner un ejemplo, un robo con fuerza en las cosas, que aunque suena muy aparatoso es un “delito contra el orden socio-económico” en el que alguien coge algo que no es suyo, y que para ello pues escala una pared, usa una ganzúa para no romper la cerradura o se apropia de unas claves informáticas para hacerlo. 

Sé que suena un poco a chiste, pero es así: son ejemplos de robo con fuerza en las cosas. Te pueden caer de 1 a 3 años de cárcel, pero si el hecho se produce en lo que se entiende por un “lugar habitado o público” la cosa sube de 2 a 5 años. 

Entrar a robar una gallina trepando una tapia, al huerto de tu vecino del pueblo, tiene una pena de 2 a 5 años de privación de libertad, sin contar otros costes.

Imaginemos un sujeto que ha cometido 2 robos, de 2 gallinas, trepando una tapia del vecino.

La ley procesal hace que se juzguen los delitos por separado y se aplique la fundición de las penas, lo que hace que aunque hubiera tenido la tremenda suerte de toparse con los 2 jueces más benevolentes del planeta, ambos le habrían tenido que condenar a 2 años mínimos cada uno. 

Con una sola condena sin antecedentes, existe la posibilidad de suspender la aplicación de la pena privativa de libertad si no supera los 2 años, pero no cuando se supera en el total de penas impuestas esa barrera. El ladrón con fuerza en las cosas y el agravante de cometer el delito en un lugar habitado -aunque el vecino esté de vacaciones en Colorado- que robó dos gallinas, ha de cumplir 4 años de cárcel.

¿Tiene sentido eso? ¿El robo de dos gallinas sin causar daños ni a personas ni a materiales puede justificar 4 años de pérdida de libertad? No parece muy inteligente que el estado se encargue de retener, vestir, alimentar y custodiar a una persona durante 4 años por algo así. Pero ocurre. Muchas más veces de las que creemos, aunque no sea con gallinas de por medio, la aplicación estricta de ley crea monstruos que acaban aplastando ciudadanos en kafkianas odiseas.

El indulto, ya como facultad del poder ejecutivo o gobierno, se nos presenta a los ciudadanos como una vía en la que aplicar clemencia cuando la situación así lo justifique. Pero aunque ocasionalmente esto pueda ser así, en realidad es una mentira que tampoco reviste demasiado maquillaje. Veamos como se sostiene el asunto.

Orígenes en España de la “facultad de gracia”.

Cuando uno intenta discernir los orígenes legales de esta medida en España, se topa con que es complicado saber qué pasaba en esa época de 1870 -año de nuestra ley del indulto- en nuestro país. En el año 1868 triunfó la revolución del General Serrano -conocida como 'La Gloriosa'- y que sacó a la reina Isabel II del país. 

El general convocó elecciones para el año siguiente lo que dio el voto a unos 4 millones de votantes (únicamente varones) de los que aproximadamente la mitad no sabían leer ni escribir, y que dieron el gobierno a un conglomerado de partidos entre los que estaba el del General Prim y el del General Serrano mientras se conseguía un nuevo regente que fuera del agrado de todos. Todos querían un rey que siguiera gobernando el imperio, y nos enviaron a Amadeo de Saboya. 

La cosa es que la ley del indulto se sancionó de forma legal en el año 1870 con la reina exiliada en París y una semana después firmando su abdicación al trono. Tiempos realmente convulsos.

¿A quién acogía la ley? La ley la firmaba el “Ministro de Gracia y Justicia” y cubría todo tipo de delitos salvo algunos muy concretos relativos a la traición al estado por parte de sus dirigentes. El indulto es aplicable a los reos de cualquier tipo de delito, siempre que tengan sentencia firme (ya no recurrible) y que estén bajo control de la autoridad (no fugados).

Al mismo tiempo la ley prohíbe su aplicación en reincidentes: si te han condenado ya robando, pues no te vamos a perdonar que sigas robando. Y a la vez la primera excepción: eso será así a no ser que el ministro de turno decida que es de justicia indultar aunque sea reincidente. ¿Para qué una norma que puede saltarse expresamente quien aplica la medida? Un poco extraño.

El indulto puede ser total o sólo parcial, lo que equivale a la conmutación de penas que aún no han sido cumplidas. Este es un hecho que a día de hoy se presta a engaño. Hace un año leía en un medio “cercano al gobierno” que la mayoría de los 113 indultos que había concedido Rajoy en el 2013 eran por tráfico de drogas, sin mencionar el asunto de los narcobarcos y la jurisdicción internacional que ha liberado a tanto mafioso, pero eso ha sido después. 

Seguramente, en sentido legal, se puede pintar como indultos al tráfico de drogas, pero la realidad es que esos indultos son conmutaciones de pena en las que las drogas eran un factor determinante a la hora de explicar el comportamiento, y que se entiende que es mejor intentar tratar por una vía no represiva sino asistencial, modificando sus condenas en prisión de forma condicionada al cumplimiento de otros programas de control y reinserción social.

También hay otro punto curioso: el indulto de una pena no sirve para quedar exento de la inhabilitación accesoria para cargo público, a no ser que se haga expresa mención de que así es. Tomen nota que esto tiene su interés y luego lo verán.

Para terminar con ese breve repaso, cabe hacer mención expresa de cómo percibe el tema del dinero la ley del indulto. Puedes ser indultado, pero eso no te quita la multa que te hayan impuesto. Sólo te la quita si expresamente lo indica (como otros asuntos) pero debes saber que la parte que ya hayas pagado no te será devuelta. Asimismo tampoco puedes ser indultado de pago de las costas judiciales aunque te indulten la pena, pero podrás ser indultado si por insolvencia no puede pagar las costas.

Dicho de otra forma: te podemos perdonar pero no nos pidas ni un duro, no te devolvemos ni lo que era tuyo. Misterios de la administración de justicia: una cosa es el perdón y la otra la pasta, amigo.

Manejo del indulto en la España actual.

La vieja ley del indulto de 1870 fue renovada -sólo por encima, sin cambiar nada esencial- por el gobierno de Felipe González en el año 1988. No sería justo decir que un espectro político ha abusado más que otro del indulto, porque lo han explotado y explotan casi por igual los gobiernos socialistas como los populares, en el que el indulto pasa a ser un mecanismo más complejo y con más largo recorrido. 

El indulto pasa a ser utilizado con excesiva frecuencia por razón de estado. Realmente el indulto no necesita ser motivado (argumentado) y es una potestad del gobierno concederlo o no. Se concede a quien el gobierno quiere, se niega de la misma forma y no hay nada más que explicar: lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. 

Eso viene bien a los estados para “solucionar por una vía distinta” cuestiones de las que viven en las tan conocidas “alcantarillas del estado”. Por ejemplo, durante la guerra sucia contra ETA, hubo un operativo de agentes que -ensayando una operación- decidieron probar una inyección anestésica con un mendigo que escogieron al azar en la calle. La inyección le mató. ¿Conoce alguien un condenado por esos hechos?

Otro ejemplo: tenemos en el territorio nacional a un traficante de armas que va a vender 400 kilos de C4 para un atentado en un aeropuerto. Si le detenemos, la operación se va al garete y los compradores desaparecerán pero no tenemos posibilidad de controlar y utilizar al traficante a nuestro favor. Tácticamente lo mejor puede ser matar al traficante y hacerlo desaparecer para que sus compradores no sospechen que están siendo vigilados o encauzados en una trampa. Matar y enterrar “desaparecidos” en cal viva no es legal. Pero se hace. Eso es en cierta forma la “razón de estado”. 

Otra forma de decir “es que había que hacerlo porque no hacerlo era peor” con la que los estados pueden saltarse las normas que se supone rigen para todos.

Una opinión formada sobre lo que se hace con el indulto en España es la de quien fue “el superministro del PSOE” Juan Alberto Belloch, llamado así por aunar las carteras de Justicia e Interior bajo su mando.

Esto contaba Belloch sobre el indulto al periodista Jordi Évole en una entrevista publicada en televisión en el año 2013.

“Yo creo que el indulto es de las cosas que debe cambiarse decididamente.

Creo que es inconstitucional. No el que el gobierno tenga ese derecho.

Lo inconstitucional es que lo ejerza sin motivar, sin explicar las razones por las que lo concede.

Creo que si tuvieran -los gobiernos- que argumentar las razones, el número de indultos bajaría bruscamente”.

Preguntado sobre la conveniencia de que los políticos indulten a políticos, opina que no es bueno, pero cuando fue ministro firmó el indulto a Jesús Gil y Gil aunque aduce no recordar ni el expediente ni las razones. Gil fue condenado por un delito de estafa que recibía una pena baja (no de cárcel) pero que le inhabilitaba para el ejercicio de cargo público y de gestión en sociedades mercantiles. 

¿Recordáis que el indulto no cubre automáticamente la anulación de la inhabilitación? Ese indulto permitió, expresamente, a Jesús Gil poder seguir actuando a nivel político y económico. Aunque el ministro de lo propuso y lo firmó, no es capaz de recordar las razones.

También Belloch arguye que en su época no se indultaba delitos de tráfico de drogas ni de torturas. Lo primero puede ser cierto. Lo segundo queda en clara evidencia cuando Évole le recuerda otro indulto firmado por él, en el que anulaba la pena a un guardia civil condenado por torturas a un alcalde de un pueblo en Euskadi. En este caso, el guardia civil, era reincidente además (que es una de las excepciones del indulto) y recibió la medida de gracia, según el ministro por “la impotencia que sufrían en la policía cuando sus mujeres les llamaban calzonazos”. 

¿Suena convincente? Tanto como el presidente Zapatero explicando las razones del indulto al banquero Alfredo Saenz en televisión.

Pero eso son épocas pasadas, podríamos decir. La justicia se ha modernizado considerablemente en España y ya no somos la cabeza de África. Somos Europa y ahora la democracia nos ha dado otro ministro de justicia que dice esto sobre el indulto.

Adelante Gallardón, explicándole a la prensa las razones del indulto a 4 mossos condenados por torturas:

“Desde 1870 en España la facultad de gracia es algo que corresponde al poder ejecutivo.

Así lo establece la propia constitución y así ha venido siendo durante más de un siglo en España.

Es sin duda ninguna una de las tradiciones más señeras de nuestro derecho, y que le otorga al gobierno de España la facultad de poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos en que está justificado.

Es la Constitución de España la que da ese poder al ejecutivo.”

Dicho en castellano: esto es así desde hace mucho, es tradición como los toros, es derecho del gobierno, sirve para follarnos la aplicación de la ley cuando nos dé la gana y que no se os ocurra pensar que los jueces tenéis nada que opinar.

Lo de “aplicar el indulto en los supuestos en los que está justificado” es una mentira dicha a la cara de la prensa ya que no es necesario justificar el indulto. Y así se indulta a 4 policías que torturaron a un tipo, que ni siquiera era al que querían torturar, incluso contra la opinión de todos los jueces que les han juzgado. Además de criminales, estúpidos.

Hay otro “indulto” de que merece la pena hablar. El indulto religioso: no es moco de pavo. En cada semana santa, esa otra tradición en España, en una mezcla de religión y poder que es anterior a la propia ley del indulto, se liberan presos recordando el indulto a Barrabás. Unos 20 presos por cada año es más o menos lo que liberamos, porque lo piden las hermandades para que el folclore general siga la pauta tradicional. Pero esos indultos, aunque son posiblemente de los que se conceden a presos que realmente tienen una fácil reinserción y sin delitos graves, tienen el sesgo de que han de contar con los vistos buenos del centro penitenciario, con lo que ese indulto es un premio condicionado (a participar en la procesión) que le dan a algunos para adelantar su salida normalmente cercana. Pero obviamente es más complicado de obtener para un presos musulmán que para uno que sea católico, siendo más sencillo si eres amigo del capellán de la prisión, entre otros funcionarios.

¿Somos todos iguales ante el indulto?

Vamos a terminar este esperpéntico viaje bajando a dos indultos concedidos en España, uno parcial y otro total, a dos tipos de personajes muy distintos.

El primero era un yonky, un usuario de heroína adicto a ella, que se sacaba unos euros para pagarse su dosis trapicheando con papelinas. El más marginal de los tipos incluso entre los marginales, donde tiene menos prestigio que un atracador de bancos. Podría ser el que te vendía 3 porros malos por “un talego” hace unos años. Pues este primer caso, había sido atrapado dos veces en delitos de tráfico de drogas, con sentencia mínima de 3 años por cada uno. La suma de las drogas incautadas juntando las dos ocasiones apenas llegaba a 30 euros, pero el delito no era la tenencia sino que le habían pillado en un trapicheo con ellas. Como la justicia va lenta, cuando ya tenía las dos sentencias firmes que le enviaban 7 años a la cárcel, el chico había cambiado su vida y hasta trabajaba rehabilitando y ayudan a personas con problemas con drogas en una asociación.

El asunto suscitó el apoyo popular a final del 2012 y movilizó a toda su familia para evitar que entrase en prisión a cumplir 7 años sin sentido alguno. Finalmente entró en prisión y pasó un tiempo allí, mientras el ministerio llegó a un acuerdo de indulto parcial sobre las penas de manera que sin ser indultado totalmente, el reo pudo salir de prisión bajo ciertas condiciones que “mezclaban un segundo y un tercer grado penitenciario” como forma de sacar al preso de la cárcel. Un indulto que llegó tarde y se quedó corto. 

El penado se llamaba David Reboredo.

El segundo caso es seguramente -por desgracia- mucho más popular y desagradable. Es la historia de dos amigos de vacaciones dentro de un tren. Van juntos. Uno de ellos ve a una señora de 60 años de edad. Y la agrede sexualmente con tocamientos forzosos mientras le dice todo tipo de cerdadas a la pobre víctima. Su compañero observa desde su sitio, sin parar de reírse, la agresión y a la vez grabándolo en vídeo para poder disfrutarlo luego. 

El tipo que grabó la agresión sexual a la mujer, sin parar reír y amigo del agresor, era Guardia Civil e hijo de un concejal del Partido Popular. 

No indico nada con el nombre del partido, porque en la petición de indulto que se cursó, se encontraba la firma del alcalde del pueblo que en este caso pertenece a Izquierda Unida. La excusa: nos convencieron para firmar sin saber qué firmábamos. Da igual chicos, no hace falta justificar el indulto que le permitirá seguir en la guardia civil. Un ejemplo de indulto que nunca debió llegar: el penado se llamaba Manuel Arbesú.

Esto es España.

Esto es nuestra señera tradición del indulto.

Juzguen ustedes.