Este texto fue publicado en la Revista Yerba.
Esperamos que os guste.
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Vendiendo humo: cannabis en las
farmacias catalanas.
A finales de agosto de este año
saltaba la noticia a los medios: la Generalitat de Catalunya quiere
regular el cannabis para los enfermos. El Conseller de Salut, Boi
Ruiz i Garcia, hacía unas declaraciones en las que aseguraba que no
era admisible que un paciente tuviera que acudir a un club social de
cannabis porque él, como Conseller de Salut, no había sido capaz de
regular el acceso al cannabis como herramienta terapéutica vendida
en una farmacia.
La noticia cogió con el pie cambiado a
unos pocos, que sin ser muy conocedores del asunto, se alegraron y
con razón: estaban hablando de que -al fin- los enfermos que usasen
cannabis pudieran ir a comprarlo legalmente a una farmacia, que es el
lugar adecuado para la administración de cualquier fármaco. En sí
resultaba una buena noticia, seguramente esperanzadora y bonita a los
ojos de muchos que se alegraban de que eso acercase el cannabis a los
enfermos de una vez. ¿Pero es así? Echemos un vistazo a cómo se
han ido desarrollando los hechos relacionados hasta ese punto.
El panorama vivido en el 2014: los
CSC y la Generalitat.
En agosto del año anterior, la
Fiscalía General del Estado -un órgano jerárquico en el que los
fiscales de cada zona deben aceptar lo que les ordena su superior
hasta el Fiscal General como máximo grado- emitía un documento
conocido como la 'Instrucción 2/2013' en el que desgranaba su idea
de cómo los distintos fiscales de España debían encarar el asunto
de los clubs sociales de cannabis o clubs de consumidores.
Y lo hace
con directrices claras: los que nos leímos el texto nos asustamos,
porque si realmente lo llevaban a la práctica, suponía la
persecución judicial y la condena de muchos que se encontraban
desarrollando actividades en los CSC, obviamente relacionadas con el
cannabis, su cultivo y consumo. La instrucción venía a recordar a
los fiscales -les decía, finamente, que dieran caña- que el cultivo
nunca había dejado de ser un delito perseguible y que disfrazarse de
asociación no debía servirle a los nuevos narcos. Así de feo lo
pintaba, y eso que agosto es el mes “inhábil” en la
administración de justicia en España. En septiembre, varias
asociaciones tanto de jueces como de fiscales se estaban quejando de
que dichas directrices dadas por el Fiscal General del Estado
equivalían a tratar por igual a los CSC y a los narcotraficantes.
Eso era exactamente lo que quería decir: todos son narcos, ni clubs
ni nada.
Todas las arquitecturas sobre las que
muchos clubs habían funcionado, cultivando y cobrando la marihuana a
sus socios bajo el pretexto del consumo compartido quedaban diluidas
al advertir que consumir no era cultivar y vender. Durante el final
del 2013, la fama de Barcelona como lugar de turismo cannábico ya
era exagerada, no sin cierta falta de razón ya que proliferaron todo
tipo de asociaciones con todo tipo de prácticas que acababan
implicando un venta de una sustancia estupefaciente a un tercero al
que, muchas veces, no habían visto antes. Prácticamente había que
ser un santo escrupuloso en el manejo del dinero y de los socios para
no ser acusado de diversos delitos, que ya no sólo incluían el
tráfico de drogas sino también delitos de blanqueo o fiscales, que
han elevado peticiones de cárcel a activistas como los gestores de
Pannagh en el País Vasco hasta los 22 años de prisión.
Y en el 2014 empezó a ocurrir lo que
se indicaba en dicha instrucción de la Fiscalía: la policía
empezaba a asaltar clubs, a detener a sus responsables, a cerrarlos y
a presentar procesos criminales contra algunos de ellos. Ha estado
ocurriendo en todo el país, pero en Cataluña, al tener una mayor
concentración de clubs, se notó más el freno. Primero fue la
prohibición en junio de abrir ningún clubs social de cannabis más
en y después llegó a su máximo exponente en julio de este año
cuando el diario El País -en su edición sobre Cataluña- titulaba
“Detenida la cúpula de las asociaciones cannábicas por blanqueo
de capitales”. Ya no eran asociaciones, ya era “la cúpula de los
cannábicos”.
Un mes después de que se hubiera
detenido “a la cúpula” de narcotraficantes de los CSC, el
Conseller Boi Ruiz anuncia que, en estos minutos de descuento del
partido que le quedan al gobierno que le nombró, piensa regular el
cannabis para los enfermos y que lo hace para que no se tengan que
acabar juntando con esos nuevos criminales acusados de delitos de
importancia a la hora de acceder al cannabis que necesitan.
¡¡Y lo hizo sonriendo en las fotos!!
¡¡Y lo hizo sonriendo en las fotos!!
El papá de la idea tiene otros problemas: no le salen las cuentas
del dinero público que maneja...
Al mismo tiempo, el paso como Conseller
de Salut de Boi Ruiz, no ha dejado buen sabor de boca: recortes,
escándalos por la penosa gestión, impagos a la farmacias, el repago
de medicamentos que tumbaron los tribunales, el cierre de camas en
hospitales para tirar abajo los gastos sin atender al paciente...
No ha hecho sino confirmar su
currículo: aunque tiene la carrera de medicina, su especialidad
parece ser más bien la gestión de “lo público” en el que lleva
muchos lustros en la “Unión Catalana de Hospitales” que es una
entidad que agrupa distintas empresas con intereses en el área.
Gestión de distintos intereses, sería otra forma de hablar de lo
que le preocupa el paciente al señor Boi Rui, que ha tenido toda
esta legislatura y parte de la anterior para hacer algo que, según
la actual ley, no puede hacer sin el permiso de otras instituciones
del estado: no verán cannabis vendido a pacientes en una farmacia
catalana antes que en una de otro punto del estado, si es que algún
día llegamos a verlo. Les está mintiendo a la cara quien les quiera
hacer creer eso: están usando a los enfermos que usan cannabis y a
sus necesidades como piezas con las que jugar, porque no son ellos
los que necesitan la planta.
La realidad del consumo terapéutico en
España:
¿quién atiende aquí a los enfermos?
Los medios al contar la noticia, han
presentado las declaraciones como si estuvieran enmarcadas dentro de
un proceso coherente que se hubiera seguido desde hace tiempo.
Textualmente decían que la Generalitat inició los primeros pasos
para regular el cannabis en el año 2005 por haber contado con un
estudio del medicamento 'Sativex' -un extracto estandarizado de la
planta de cannabis- sobre 207 pacientes. Dicho de otra forma: en el
2005 permitimos un estudio con 207 personas y eso es nuestra apuesta
por la regulación del cannabis terapéutico hasta hoy, en el año
2014. De hecho el 'Sativex' se aprobó en España poco después para
dispensación hospitalaria a pacientes de esclerosis
Lo cierto es que, bien fuera por
quimioterapia y vómitos, dolor crónico o neuropático, espasticidad
y otras situaciones a las que el cannabis mejora la condición del
paciente, bien en un aspecto concreto o bien en general -como en sus
efectos sobre el apetito- si querías cannabis tenías que buscarte
la vida tú mismo: ningún médico te lo podía recetar.
Con ese panorama lo que asociaciones de
pacientes -no cannábicas- como la Asociación Ágata de mujeres con
cáncer hicieron, fue gestionarse una forma de acceder a la
sustancia. Ellas mismas reconocían que sus propios médicos,
oncólogos, les reconocían la utilidad del cannabis frente a muchos
de sus síntomas, pero no les podían recetar la planta ni nada
similar en aquel momento. Ellas mismas difundieron la voz entre las
afectadas de sus propias experiencias con el cannabis, hasta
convertirse en la primera asociación de gestionaba de un modo
pseudo-legal el acceso al cannabis, poniendo en contacto al paciente
que necesitaba comprar, con un cultivador que le suministrase el
cannabis.
Y ahí quedó todo, porque poco después
el acceso al cannabis se fue haciendo más y más sencillo, en gran
medida gracias a los CSC nacidos de los grupos de consumidores de la
sustancia, que muchos contaban con un área terapéutica, que
normalmente era asistida a modo de información y asesoramiento por
algún profesional, normalmente médicos o psicólogos. Los CSC
realmente no hicieron nada más que responder a una demanda ya
existente dentro de los consumidores de cannabis: la del cannabis
terapéutico que por otra parte en nada se diferencia del recreativo.
Pero lo hicieron, y en la mayoría de los casos no lo hicieron nada
mal.
Por aquellas fechas, ya en los años
2007 y 2008 saltaba a los medios el caso de Juan Manuel Rodríguez
Gantes, a quien no tuvieron problema en llamar “el Ramón
Sampedro de la marihuana” ya que sufría el mismo tipo de daño en
la columna vertebral y producido de la misma forma -al saltar al mar
calculando mal- que el conocido personaje, protagonista de la
película 'Mar Adentro'.
Juanma solicitó ayuda, cultivó en el
centro para discapacitados físicos en que se encontraba, fue
denunciado y juzgado por ello y aunque nunca fue condenado, jamás le
dieron una solución a su problema: la morfina no le quitaba los
dolores que el cannabis sí le quitaba. Eran dolores neuropáticos,
producidos por una mala gestión de una infección que sufrió en el
mismo centro que se hospedaba: los antibióticos que tarde y
desesperadamente le administraron en una ocasión le causaron daños
permanentes en sus nervios, y de ahí el dolor intratable.
Tuve la suerte de conocer personalmente
a Juanma -y a su pareja en aquel momento- y de presenciar lo que
posiblemente haya sido la mayor entrega gratuita de cannabis a un
paciente con necesidad terapéutica: medio kilo de cogollos secos de
cannabis que habían viajado por media España escondidos en un
cojín, sin que hubiera la menor transacción económica asociada a
ellos. Después de aquello, lo único que supe es que los distintos
clubs y asociaciones iban “facilitando” el contacto a los
enfermos como Juama con distintos cultivadores que les vendían el
producto, en teoría a un precio más reducido dada la razón
terapéutica de dicho consumo.
Desde esa época, la forma más normal
de acceder al cannabis siendo una persona con necesidades
terapéuticas ha sido a través del autocultivo con la ayuda del
grow-shop de tu zona o bien a través de alguna asociación que
pudiera facilitar el acceso a la planta. Y no lo deben haber hecho
nada mal cuando no hemos visto casos de personas que sufrieran
problemas por usar cannabis que le facilitase su CSC, ni problemas
médicos, ni sobredosis con consecuencias fatales, nada de esto ha
sucedido. Al revés, muchos enfermos de dolor crónico -que aunque
algunos médicos aceptan su utilidad siguen sin recetarlo ni como
'Sativex'- o de insomnio, de cáncer o de sida, de anorexia o de
ansiedad, han encontrado alivio, guía y cuidado en lo que los CSC
les han proporcionado. Muy posiblemente porque los CSC han sabido
estar muy atentos a la hora de detectar las necesidades de las
personas y eso es justo lo que los políticos, como Boi Ruiz, no han
conseguido pero tampoco han intentado en realidad.
¿Por qué es imposible lo que dice la
Generalitat?
¿No es factible que España avance como otros países?
No es imposible que llegue a haber
cannabis en las farmacias: el modelo de otros países lo demuestra.
Sólo hace falta voluntad política, entre los distintos actores que
toman las decisiones.
Vamos a ver cuál es el escenario: el
responsable de salud de un gobierno -en su etapa final y con pocas
probabilidades de existir con la misma configuración- dice que
quiere regular el acceso al cannabis como medicamento. ¡Estupendo!
Ahora empiezan los problemas, cuando en el mejor de los casos, de
existir capacidad política de intentarlo, las leyes estatales sobre
drogas y fármacos, siempre tienen un rango superior a las
autonómicas. Eso quiere decir que, suponiendo que todos los partidos
quisieran hacerlo -no en Cataluña sino en toda España a la vez-
haría falta cambiar tratados internacionales o renunciar a ellos,
hacer modificaciones legales de textos que apenas se han tocado en
décadas de existencia, y conseguir un proceso completo que diera la
cobertura legal al proceso: eso llevaría años, no menos de 3 ó 4
en la situación actual. ¿Tienen los enfermos 3 ó 4 años que
perder esperando? Muchos no, y menos para usar un fármaco que es
esencialmente benigno.
Todo esto de empezar a jugar con los
enfermos, lo hacen por una razón muy clara y que no han escondido:
es una vergüenza que los enfermos se tengan que ir a los “clubs de
los narcotraficantes” que casualmente estamos deteniendo.
Si
consiguen disociar el trabajo de los CSC con el cannabis terapéutico
en España del trabajo con los socios de motivos recreativos, están
atacando uno de los mejores trabajos que ha realizado la comunidad en
sus años de existencia: suplir lo que el estado no sólo no te daba,
sino que te negaba, aunque fuera una medicina.
Quitándole a los
enfermos a los CSC les quieren arrebatar una de las razones de su
existencia para pasarla a otro grupo de intereses: los empresariales
farmacéuticos. El propio Boi Ruiz no se ha escondido para decir que
los laboratorios tienen que crear compuestos sintéticos de cannabis,
mejorados “como se hizo con el opio”. No les gusta la planta de
marihuana; el verde que les gusta es el de la pasta que puede generar
un mercado de pacientes recetados con cannabinoides sintéticos.
Boi Ruiz es médico, pero debe estar
poco enterado de los peligros que se conocen -desde hace años- con
la falsa marihuana hecha con cannabinoides sintéticos. O le debe
importar poco, porque modificar el opio, creo actores como la
heroína, que cuentan con toda una historia alrededor. Pero lo cierto
es que Boi Ruiz viene de la empresa y tiene visión de empresario:
trabajar con una planta no da dinero. Sus compuestos naturales no son
patentables -ya que los crea la naturaleza- de manera que sólo les
resulta interesante cuando pueden fabricar otros compuestos
sintéticos que sí puedan cobrar desde la farmacia con grandes
cantidades de ingresos por las patentes.
Sin embargo, cualquier persona cercana
al mundo del cannabis, sabe que cada planta es un mundo distinto, un
efecto distinto que ayuda a unas cosas y puede no ayudar a otras.
Aunque la planta sólo tiene un principio claramente psicoactivo que es el THC,
nada tienen que ver los efectos de una “Haze” con una “White
Rhino” y prueba de ellos es el inmenso arsenal de distintas
variedades con distintos efectos, sabores y cualidades que han creado
los bancos de semillas, especialmente los hispanos. No podemos pedir
a los enfermos -con sus distintas patologías- que acepten un sólo
tipo de planta o de extracto, porque esto no funciona así, señor
Conseller.
Por último cabe hacer mención -por la
importancia- de lo que sería la logística para producir cannabis de
calidad farmacéutica para todas aquellas personas que lo usan a día
de hoy con una intención terapéutica, porque le digan lo que le
digan, ningún médico a día de hoy le puede prescribir un poco de
marihuana por ley, pero tampoco podría -de forma efectiva- si esa
ley cambiase mañana. El proceso que conlleva la planificación de un
consumo masivo -Cataluña o España son casos masivos ambos- de
cannabis, la búsqueda de terrenos, la contratación y capacitación
de personal, el cultivo y proceso del cannabis dentro de estándares
farmacéuticos no se realizaría en unos meses sino que sería un
proceso de años, como el marcar distintas posologías para cada
afección o el elegir las variedades más adecuadas, ya que todos
esos pasos necesitarían estudios, pacientes y un entorno controlado
de producción de una planta, que hasta el día de hoy, han estado
negándole toda virtud terapéutica, impidiendo el acceso a la misma
y criminalizando al usuario a base de represión.
Quienes llevamos años en esto sabemos
de lo inútil de su propuesta, Conseller, que no es más que un
brindis al sol con el objetivo de causar daño y desarmar de buena
parte del prestigio ganado a los clubs sociales de cannabis. A
nosotros no nos engaña. Nunca nos engañó. Seguiremos cultivando
nosotros porque ustedes no son de fiar.
Pero por dignidad, no juegue con el
dolor de los enfermos a los que ahora mismo, la represión ejercida
sobre los CSC, les está privando del único acceso factible al
cannabis que existe en España sin pasar directamente al mercado
negro recreativo.
A los enfermos que usan cannabis, ni
les sobra el tiempo ni se tratan al gusto según lo que queda de
legislatura. Tampoco son tontos: saben de sobra quién les está
bloqueando el acceso a su medicación, señor Conseller Boi Ruiz.
Y los
enfermos también votan.
