Hoy me han contado una cosa que, de haberla sabido, no hubiera dudado en incluirla en el texto.
Hasta tal punto llega la desfachatez de este mercado negro escondido como falsas asociaciones, que la última (de 4) que ha abierto en mi ciudad, Salamanca, ahora sólo vende hashís o marihuana a sus clientes (falsos socios) PERO NO DEJA CONSUMIR EN EL INTERIOR DEL RECINTO...
Cualquier punto de venta de drogas tradicional tiene ya más dignidad que este modelo corrupto de los CSC en España, responsables de haber destrozado el tejido asociativo y el autocultivo: ambas cosas les dañan en sus intereses económicos.
:P
Esperamos que os abra los ojos, y que nunca más podáis decir que nadie os explicó cómo estáis pagando al mercado negro disfrazado de falsas asociaciones.
Drogoteca.
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¿Qué esconden los CSC o
Clubs
Sociales de Cannabis
en España?
Este es un texto que, por las
acusaciones que en él se vierten -entre otras, ser instrumentos del
mercado negro organizado en España- requieren unas ciertas
aclaraciones previas por parte del autor, sin esconderse y llamando a
las cosas por su nombre.
He pasado media vida en el mercado negro,
comprando y vendiendo, siendo parte activa de él. Y no por ello
siento la menor vergüenza por mis actos en ese sentido, ni considero
que tenga nada de lo que arrepentirme en relación a esos hechos.
Pero comencemos esta historia enseñando totalmente las manos....
Mi relación con el cannabis.
Aunque en el blog “Drogoteca”
no solía escribir prácticamente nada sobre cannabis, ni meterme
demasiado en esos temas (salvo por encargos expresos -realizados por
casi todas las revistas o medios cannábicos- así como otros medios
de tipo más generalista), soy un cultivador con más de 25 años de
experiencia en el cultivo de marihuana. Incluso en una larga época
en que prescindí de consumir droga alguna, seguí cultivando y me
pagué la carrera -de Educación- gracias al cultivo y venta de
marihuana.
Antes de iniciar dicha carrera, fui propietario de un bar
en el que se vendía hashís y marihuana -de forma muy similar a como
se realiza hoy en los CSC- pero sin escudarse en ser una falsa
asociación. Todo esto, mucho antes de empezar a escribir sobre
drogas; ya trapicheaba con menos de 14 años.
En aquellos años míos en la
hostelería, recién estrenada la mayoría de edad, me “bajaba al
moro” o me subía a Amsterdam con notable frecuencia. Tenía muy
claro lo que yo hacía: era mercado negro de cannabis, puro y duro,
sin complejo alguno ni búsqueda de excusas para suavizar
nominalmente la realidad.
Así pues, el cannabis es una droga que me
ha acompañado desde muy joven y que conozco profundamente, en casi
todos sus aspectos (del cultivo al tráfico) pero no es la sustancia
que más me llamaba a la hora de escribir sobre drogas: lo mío eran
“las drogas”, pero todas las drogas y no sólo una de ellas.
He escrito y trabajado para diversos
grupos del mundo del cannabis en España, pero nunca he tenido
interés empresarial y mi relación con ellos siempre ha sido la de
un freelance a quien le compraban textos.
A día de hoy, no mantengo
relación laboral o comercial alguna con ninguna empresa, grupo o
personas del mundo del cannabis en España; posiblemente porque
valoro más mi derecho a decir lo quiera decir, que el pago por
callarme o tenerme controlado mediante la amenaza de quitarte el
plato de comida de la boca.
Soy también un paciente de dolor
crónico de tipo no-oncológico (con morfina y otros opioides
pautados médicamente, desde hace lustros), y que uso el cannabis
-que yo mismo cultivo- como parte del tratamiento contra el dolor, ya
que me permite maximizar los efectos positivos de los mórficos y
controlar algunos de los no deseados (como pueden ser las náuseas
asociadas a estos fármacos).
He sido cliente de 1 CSC -que vendía
cannabis- durante algo más de un año, hasta hace unos meses, en que
por propia decisión pedí la baja por motivos ideológicos: no me
molesta el mercado negro, pero no soportaba más que se llamase
asociación a lo que es un punto de venta de drogas, donde hay un
único vendedor y lo demás, son clientes sin voz ni voto de ninguna
clase.
Carezco de antecedentes judiciales que
tengan que ver con el cannabis o el mercado negro, y nunca se me ha
imputado delito alguno que tenga que ver con este mundo. Nunca he
sido condenado por ningún delito.
A día de hoy, tengo mis
necesidades económicas cubiertas totalmente, gracias a otras áreas
-que nada tienen que ver con el cannabis- como son las criptomonedas.
Con ese último detalle -independencia económica total- la vida me
ha regalado el derecho a poder escribir lo que quiera sin miedo a no
poder comer por hacerlo.
Es decir, esto soy yo.
A estas alturas de mi vida creo que soy
libre -de verdad- para decir lo quiera y que ante nadie -salvo ante
mi propia persona- respondo. Una vez aclarado esto, vamos con el
tema; a fondo.
Antecedentes contemporáneos de los
actuales CSC
o clubs de cannabis.
Hubo un tiempo, no hace muchos años,
que en nuestro país existía un movimiento asociativo -real y no
FAKE- detrás del cannabis y sus usos. Este movimiento surgía de la
necesidad de defenderse legalmente frente a las leyes y acciones que
nos afectaban, como usuarios de cannabis y, especialmente, como
cultivadores de cannabis (la pieza esencial de toda la cadena).
Esos
grupos y asociaciones, como por ejemplo Pannagh en el País Vasco,
fueron esenciales a la hora de sacar el cannabis de las mazmorras
comunes de “las drogas” y mostrar una realidad, en torno a esta
planta, que nada tenía que ver con historias de vidas destrozadas
por las drogas, sino que incluso aportaba historias en el sentido
contrario: el testimonio de muchas personas que habían visto cómo
el cannabis mejoraba sus vidas aportándoles calidad y salud.
La estructura básica de estos grupos,
antaño y no ahora, era realmente una cuestión asociativa. La gente
se asociaba para cultivar, compartiendo gastos y enfrentando las
represalias legales (si las hubiera) de forma organizada y con las
cosas claras: la gran diferencia que hay entre vender cannabis a
terceros, con respecto a cultivar y cosechar de forma conjunta
-precisamente- para no tener que entrar en contacto con el mercado
negro. Y eso era cierto.
De hecho eso era uno de los mejores
argumentos para no forzar las leyes y las acciones contra estos
grupos, que eran muy locales, altamente especializados y sin ánimo
de lucro. Este último punto de forma meridianamente clara, porque
era en última instancia lo que les diferenciaba de cualquier forma
existente de mercado negro, en el que el ánimo de lucro es esencial
para el funcionamiento de todas y cada una de sus piezas.
En estos clubs -que funcionaban de
forma poco homogénea y sin demasiada coordinación, dada su
naturaleza local- se cultivaba “dando la cara”. Es decir, el
cultivo no era “anónimo” sino que pertenecía a un grupo de
personas que lo reconocían como propio y se reconocían como
consumidores de cannabis que no querían relacionarse (al menos como
única opción) con el mercado negro, siendo esta la única forma de
lograrlo: cultivándote tu propio cannabis.
La base de de estos clubs era -al
menos, en la teoría legal de su estructura asociativa más habitual-
el conocimiento y estudio sobre la planta, principalmente porque no
puedes declarar -en tus estatutos asociativos que son un documento
público- que tu objetivo es cultivar cannabis (ya que, de forma
genérica, esto es delito) así que el “estudio de la planta de
cannabis” era la excusa, pero también una realidad a su manera.
Si
bien no se realizaba nada que pudiera considerarse “estudio” a
nivel serio y totalmente científico, es cierto que en ese entorno
asociativo se formaba a personas que necesitaban de ayuda para ser
capaces de cultivar por sí mismos (como enfermos aquejados de
cáncer, dolor y otras patologías) de tipo humanitario, que eran
casos sobrevenidos por enfermedad. Y no hay que olvidar que esos
grupos fueron, de facto, los primeros en proporcionar cannabis a
enfermos que lo necesitaban y carecían de tiempo, conocimientos o
posibilidades de cultivar o incluso de acceder al mercado negro
(mujeres con cáncer de mama que nunca habían tocado ese mundo, por
ejemplo).
El hecho de que estas asociaciones
-germinales en el tema del cannabis en España- enfrentaran su propio
abastecimiento mediante sus propios cultivos, les otorgaba el derecho
a argumentar que ellos sólo querían salirse del mercado negro
mediante el auto-abastecimiento. Se lo otorgaba porque era cierto, ya
que eran asociaciones cuya principal actividad era el cultivo de
cannabis para sus miembros. Y precisamente quien más dañado salía
de su existencia, eran las mafias del mercado negro, que perdían
clientes.
Pero al mismo tiempo, su principal
virtud les hacía vulnerables, ya que la policía encontraba más
fácil probar un cultivo ilícito que una venta de drogas, aunque el
resultado penal que se buscase fuera el mismo finalmente: tráfico de
drogas. Y paradójicamente este criterio de comodidad policial
(siendo generosos al calificarlo, ya que el autocultivo sólo daña
al mercado negro, quitándole dinero) fue, en gran medida, el
responsable del desastre que vino a continuación.
La solución-trampa que destruyó el
pasado:
la “compra mancomunada”.
Ante la presión que la policía
ejercía contra las asociaciones, estas -que hasta ese momento se
abastecían cultivando- se vieron acosadas en los cultivos y con sus
socios desabastecidos como consecuencia directa. De esta forma se
planteó, como recurso legitimado por las circunstancias, volver a
tratar con el mercado negro, pero ahora como grupo de socios (grandes
cantidades ya que los precios bajan) y a eso se le llamó “compra
mancomunada”.
¿Qué es este concepto de la “compra
mancomunada”?
Pues era una artimaña ciertamente leguleya, por la
que una asociación -que se había quedado sin cannabis por una
redada o incautación de cultivos- se organizaba para comprar al
mercado negro directamente. ¿Acaso comprar en grupo te protege de
algo? No, no cambia en esencia el tipo penal en el que puede
incurrir, salvo a la hora de repartir la droga con el resto de
compradores (para que no se considere “traficante” a quien
reparte la compra común con otros “adictos/socios”).
El origen legal de ese concepto se
introdujo en los años 80 como eximente en la legislación, para no
condenar por tráfico de drogas a unos yonquis que, simplemente,
compartían una papelina de heroína, aunque la compra la efectuase
uno solo de ellos. En la construcción del tipo penal del tráfico de
drogas, no hace falta que haya un intercambio económico o afán de
lucro, así que el simple hecho de comprar a medias y compartir
drogas, podía acabar con alguien sentenciado como si fuera un
camello siendo sólo un yonqui.
De ahí nació el que “comprar de
forma conjunta una droga para su consumo inmediato por un grupo de
adictos” no fuera un delito de narcotráfico, para que la cárcel
no se llenase de meros yonquis, pudriéndose con condenas pensadas
para traficantes de verdad; no para adictos que compartían unas
dosis de droga. Este fue el caso de David Reboredo, que se vio con
casi 7 años de condena por menos de 30 euros de heroína en total.
En su caso, dos condenas por compartir unas papelinas con otro
yonqui, no era legalmente válido para optar siquiera al indulto
(aunque al final se le hizo “por lo bajinis”).
También en aquella época de la
mal contada “epidemia de heroína” en España, y antes de la Ley
de Seguridad Ciudadana -o Ley Corcuera- que reguló la tenencia para
consumo como mera falta administrativa, se introdujo una excepción a
la sancionabilidad de la conducta de compra y posesión de drogas
cuando era (cito de memoria) para aliviar la abstinencia de “un
familiar en primer grado, padres, hermanos o hijos” que fuera
toxicómano sufriendo los dolores del “mono”.
Esas excepciones buscaban alejar del
circuito penal a quienes no cometían realmente un delito, bien por
adictos o bien por compasión hacia el dolor de un familiar de primer
grado. Como puede imaginar el lector, esas excepciones (propias de
los años 80) no se hicieron para el marco de asociaciones de
cultivadores y consumidores de cannabis, y menos para que pudieran
servir de “marco protector” de compra de cannabis -en grandes
cantidades y con vocación de continuidad- al mercado negro.
El desembarco del mercado negro
organizado
en los clubs de cannabis
de España.
Una vez que se empezó a usar la compra
mancomunada -afinada por interesados abogados como “concepto legal
de diseño”- para permitirse ir contra lo que era la idea
fundacional de esos clubs (sacar gente del trato con el mercado negro
y sus mafias), el diablo había entrado por la puerta de atrás,
primero para poner en juego cuantiosas sumas de dinero al efectuar
dichas “compras mancomunadas” y que al ser con el mercado negro
como vendedor, nunca habría factura de nada.
Los clubs, en su mayoría pero no
todos, acabaron viendo que era mucho más sencillo “comprar el
cannabis” que intentar cultivarlo tú mismo, y que la policía
acabase jodiéndote el cultivo con todo el trabajo y tiempo que había
llevado (algo que pasaba con excesiva frecuencia).
De hecho, vivimos
paradojas como que en una isla de nuestro país, la policía
intervino una asociación de auto-cultivadores que eran en su mayor
parte enfermos y eran sólo 50 miembros, antes que tocar (en la misma
pequeña isla) una “asociación-FAKE” que tenía varios miles de
socios (nominalmente) pero meros clientes en realidad. La policía
iba a lo fácil, a por 4 gatos que cultivaban, y así con ese juego
se empujó al tejido cannábico que existía en ese momento, a las
manos del mercado negro (que estaba encantado de tenerlos de vuelta
de nuevo).
Esta suma de hechos legales, intereses
de nuevos “lobbys de abogados”, y de acciones contra el
auto-cultivo en lugar de contra el mercado negro con ánimo de lucro,
acabaron por traernos a la situación actual -a día de hoy- en
nuestro país: alrededor de 1000 “asociaciones” que venden
cannabis a sus “socios”. Y eso, sin que exista un marco legal que
lo regule o que -al menos- no lo persiga.
Con el cambio que esto produjo, muchos
de esos “gestores” de las asociaciones, se vieron manejando mucha
pasta y la estructura de las mismas -derivada de estos nuevos
intereses- empezó a mutar. Empezaban los nuevos enfoques, por los
que se estaba saliendo claramente de ese torturado concepto de la
“compra para el consumo inmediato por un grupo de adictos”, ya
que no se compraba para un solo momento, sino para el consumo de
varios días o semanas. No todos los que “entraban” en esa
“compra mancomunada” querían o necesitaban las mismas cantidades
o variedades de productos del cannabis (no es lo mismo lo que uno
recibe del hashís que lo que recibe de una marihuana, aunque uno de
los principios activos -el THC- sea el mismo).
Es decir, se empezaba
a plantear una compra constante al mercado negro, para “abastecer a
tus socios”, pero ya no de forma realmente asociativa sino saltando
a un modelo de “empresa que vende a cliente”.
Eso llevó ya en el año 2015 a que el
mercado de la venta o traspaso “de asociaciones” (algo
nominalmente imposible en el ámbito legal) generase un mercado en el
que se hacían ofertas cercanas al medio millón de euros, por una
asociación en una buena zona de Barcelona.
¿De verdad que alguien
pagaría 500.000 euros por quedarse una asociación (si esto fuera
posible legalmente) que por definición, no puede tener ánimo de
lucro? ¿Alguien se cree esto? Obviamente no, y la prensa -ya
entonces- lo señalaba de forma abierta.
A día de hoy, de los aproximadamente
1000 clubs de cannabis, se cuentan literalmente con los dedos los que
realmente están 100% fuera del mercado negro. La mayoría de los CSC
(la nueva denominación) actualmente compran todo lo que venden al
mercado negro directamente, algunos a cultivadores locales y otros, a
una central organizada que les provee de todos los productos de
cannabis que necesitan.
Es decir, se han convertido en las
franquicias del mercado negro, en lugar de combatirlo como era la
razón de su origen como asociaciones de auto-cultivo y
auto-abastecimiento. Una vez que entraron “los billetes de las
compras mancomunadas”, el modelo asociativo y como consecuencia, el
activismo cannábico real, despareció prácticamente de la realidad.
El nuevo modelo permitía “una
gestión diferente”. Ya no requería cultivar, ni siquiera saber
hacerlo. Sólo comprar barato para vender más caro. Primero, esa
entrada de capital, la procesaron creando “puestos de trabajo”
bajo el paraguas de una asociación de consumidores. Lógicamente,
los puestos de trabajo eran para los que manejaban el cotarro, y con
ello el beneficio, con lo que los socios, que son una figura
totalmente legal y con poder -en teoría- total sobre la asociación
(su asamblea general es el máximo órgano decisorio, en el modelo
asociativo que firman estos negocios) fueran progresivamente
apartados a firmar como socios pero funcionar como clientes.
Hubo incluso algún caso (en la
provincia de Madrid) en el que una asamblea general de una
asociación, quitó a los que la llevaban -de forma totalmente legal-
y puso otros gestores. Al cabo de unos días, comprendieron por qué
esto no debían hacerlo aunque la ley les capacitase para ello:
aparecía el “músculo armado” que había detrás de estos
grupos, escondidos como asociaciones.
Y es que con el dinero, y menos
el del mercado negro organizado, no se juega. Y sucesos como ese, que
ponían en solfa “de quién era el negocio” si la estructura es
la de una asociación sin ánimo de lucro, así que los “asesores
legales” aconsejaron que ni se permitiera ver los estatutos a los
socios, ni se celebrasen -en realidad- asambleas generales (con todo
el poder), sino que se falsifiquen estas asambleas, exigencia legal
que tiene que cumplir cualquier asociación.
Asociaciones en que
firmas como socio, pero no tienes derecho ni a ver los estatutos ni a
decidir nada: la ilegalidad más flagrante les sirve para que los
nuevos clientes no sepan realmente nada y simplemente sigan
comprando.
Tal es el flujo de dinero que generan
estas empresas mafiosas que se han apoderado del marco asociativo,
que en 2014 ya un juez congeló 60 cuentas bancarias asociadas a uno solo de estos puntos de venta
“con pseudo paraguas legal”. En ese año, había “falsas
asociaciones” en la ciudad de Barcelona que, en teoría, contaban
con decenas de miles de miembros (en realidad, clientes extranjeros
captados en entorno turístico). Y había uno de esos puntos de venta
de cannabis que tenía -como en la pescadería o la carnicería- una
maquina para darte ticket con un turno para que pudieras comprar,
debido a la alta demanda que había. Esa maquina que daba tickets
para poder comprar, cuentan que había días que daba varias veces
“la vuelta” y comenzaba de nuevo. Por aquel entonces, habría
unas 500 falsas asociaciones en el país; ahora alcanzamos las 1000 y
existen en todas las capitales del país y en muchos otros lugares.
Dinero llama a dinero:
estructuras del
actual modelo.
Por supuesto, todo esto no pudo ocurrir
sin la complicidad de un gran número de abogados que, conscientes
del modelo y buscando justificaciones para el mismo, acabaron
anunciándose públicamente para quien quisiera abrir “una
asociación cannábica”, en un grado que variaba desde hacerles los
estatutos a ponerles en contacto ya con los proveedores del producto
clave, el imán para los compradores: derivados del cannabis.
Asistimos impertérritos a cómo los asesores legales se convertían
en impulsores, haciendo de enlace con el mercado negro local o -en
otros casos más delictivos- con una “organización” que les
vende todo. Y una organización que te vende un producto fiscalizado
como droga no legal, a nivel nacional y especializada en abastecer a
los puntos de venta, es la definición viva de organización
criminal. Aunque lo vistan de “asociación” y repitan, como loros
inconscientes, que “las asociaciones son buenas porque nos sacan
del mercado negro”. Y no, esto no es así.
Las asociaciones
-actuales- en su inmensa mayoría, no son buenas: son el propio
mercado negro y organizado. El flujo de dinero en altas cantidades y
la falta de regulación alguna o control, propios del mercado negro,
empezaron a atraer inversores a lo que otrora fue un área asociativa
contra el mercado negro.
Los jueces, ante este nivel de
especialización, pasaron de pedir penas que solían rondar los 5
años para los cabecillas de los clubs de cannabis, a penas que
rondaban los 22 años, ya que se apreciaban delitos de organización
criminal y de blanqueo de dinero (obviamente, no se declara: no
tienen ánimo de lucro legalmente).
Pero en muchos casos, los abogados
ocultaban esta realidad a sus clientes, quienes en muchos casos
creían y creen estar haciendo algo que tiene una cobertura legal,
cuando en realidad son -a nivel legal- puntos de venta de drogas ya
equivalentes a los de cualquier poblado de la droga. Y no tenían
demasiado problema en engañar a sus clientes, hasta el punto que
-uno de los abogados, de esta clase, más conocidos en España- llegó
a decir sobre la posibilidad de que muchos de sus asesorados, ante un
proceso judicial, acabasen presos: “el movimiento cannábico
necesita mártires”.
Al mismo tiempo, la “normalización”
en la presencia de esos puntos de venta en nuestra geografía y el
cambio en la percepción social que, en estos últimos 10 años, ha
tenido la imagen del cannabis como un producto mucho más tolerado,
ha llevado a que se cree un “In pass” en el que la realidad es
esta, pero legalmente no se actúa contra ella.
¿Por qué? El
cambio en las políticas sobre cannabis en todo el planeta, tiene a
los políticos españoles -y por ende, al poco separado “sistema
judicial”- sin saber qué hacer ni cómo abordar la regulación de
esta planta, esperando un mejor momento para meterle el cuchillo a
este asunto, pero al mismo tiempo teniendo ya bien identificados
“esos puntos de venta que pasarán de ser mercado negro a la cara
blanqueada en un contexto regulado”, y que rendirán cuantiosos
impuestos a las arcas estatales (o eso creen que podrán lograr).
De forma paralela, existe toda una
industria del cannabis legal (que no venden marihuana o hashís, sino
semillas, útiles o derivados legales de la planta) con muchísima
fuerza en nuestro país, que son quienes manejan (de forma directa en
la mayoría de los casos, y mediante “vinculación económica por
publicidad” en los demás) la mayoría de medios cannábicos. No
hay ninguno que se pueda intentar llamar “independiente”, sino
que el mundo del cannabis en España es extremadamente
auto-referencial y vinculado a grupos con potentes intereses
económicos: directamente dependientes y coordinados entre todos
ellos.
Nadie que no tenga asegurado su futuro
económico-en el mundillo del cannabis hispano- debe salirse el
relato impuesto -por estos grandes grupos, con piernas en ambos lados
de la ley- si no quiere represalias, que comienzan con censura y
pueden llegar mucho más lejos, como imputaciones de delitos en falso
o campañas de desprestigio intentando forzar a tus relaciones
comerciales a abandonarte, mediante amenazas y presiones.
Yo
mismo, cuando trabajaba escribiendo para estos medios, recibí
campañas de difamación en que se me acusaba de machista y que
llegaron a que un responsable de prensa en el Senado de un joven partido político,
llamase a mi editora para pedirle “revisar previamente” lo que yo
iba a publicar en unos días (a lo que obviamente me negué), tras
una entrevista con 2 senadores de su partido en el Congreso de los Diputados, y le
preguntara “sobre las denuncias que yo tenía por violencia de
genero y acoso”, que son en total.... cero.
El choque entre la
política -y sus turbios intereses y mecanismos- con el mundo del
cannabis, dirigido por las caras pseudolegales de un reforzado
mercado negro, ya con estructuras supra-nacionales, hace saltar
chispas que uno no imaginaría y el juego sucio -a dichos niveles- es
la base del juego.
¿Queda algo de lucha
contra el mercado
negro
o está todo entregado?
Como indicaba el jurista Javier
González Granados, el modelo de los CSC, hoy día y más tras el
“supremazo 484” contra los clubs de cannabis, es un “traje al que se le revientan las costuras”. Pero al mismo tiempo, esa
sentencia reconoce la ineficiencia del sistema político, incapaz de
regular correctamente algo que, al menos actualmente, la sociedad
parece aceptar sin mayor problema pero las leyes siguen penalizando
porque esa etérea figura de “el legislador” no ha “movido
ficha” -desde hace décadas- en este aspecto. Y les emplaza a
hacerlo de una vez y dotar de un marco regulado al asunto.
Si el actual modelo “cristaliza”,
bien por el paso del tiempo que -de facto- les permite seguir con su
actividad o bien porque estos grupos del mercado negro (que han
destrozado la realidad del poco tejido asociativo que les hacía
frente en sus intereses) consiguen encontrar la forma de pactar un
“armisticio” con los demás actores, pues lo que habrá ocurrido
es que habremos legalizado el mercado negro, o al menos una “cara
amable” de las mismas mafias de amplio tamaño y capacidad.
El desarrollo de estos puntos de venta
de cannabis en nuestro país, ha llevado en algunas zonas -como
Granada- a que el robo de fluido eléctrico para cultivo en interior
con lámparas de alto consumo sea un grave problema que afecta a
todos los demás ciudadanos.
De hecho, existe un mercado
(prácticamente en todo el país) de pisos donde se cultiva con luz
robada, en el que se te alquila el lugar con todo el montaje ya
realizado. Y a tal punto llega el asunto, que los trabajadores de las
empresas eléctricas que sufren el robo de fluido, tienen que ir escoltados por la policía y con la cara tapada para ir a cortar
los robos, en barriadas donde este problema resulta masivo.
Pero como suele ocurrir siempre, el
mercado negro crea eficaces repuestas a los problemas que les dan y,
desde hace tiempo ya, estos “pisos para cultivar cannabis” con la
luz robada están transformándose y abandonando el negocio del
cannabis por otro mucho más seguro y lucrativo: el de las
criptomonedas.
El minado de criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum o
Monero) es una actividad que requiere de grandes cantidades de
energía gastada en procesos de cálculo matemático, y que tiene un
alto coste si se realiza pagando el fluido eléctrico usado. Así que
muchos de estos pisos, han saltado a un negocio que además les causa
muchos menos problemas legales y en el que, aunque les pillen con las
manos en la masa y una granja entera de ordenadores minando
criptomonedas, no les pueden tocar ni un euro de las ganancias.
Por el lado legal, la acusación por
robo de fluido, es menos que la de robo de fluido y cultivo de
cannabis (tráfico de drogas), a lo que se suma la estructura
organizativa que es otro carga que pueden probar en su contra.
Por el
lado técnico, una vez que recibes el pago en criptomonedas de lo que
has “minado” con tus equipos y energía, su diseño permite que
nadie pueda incautar ese dinero o conocer siquiera en qué
criptomoneda está.
Esto ha llevado a que algunos grupos estén
ofreciendo a antiguos cultivadores en pisos con luz pinchada, que se
pasen al negocio de la minería de criptomonedas, en una inversión
en que el grupo pone los equipos y el “know-how” y las ganancias
generadas por la luz pinchada se reparten al 50%, quedando totalmente
seguras e “invisibles” para las autoridades, dada su naturaleza.
Así que, el asunto del fluido
eléctrico, ha sufrido de la unión de dos vectores en el mismo
sentido que agrava el problema y su perspectiva futura. Por un lado
se ha creado un nuevo modelo de negocio en torno al robo de
electricidad, que es el de minar criptomonedas, y al mismo tiempo, se
ha restado abastecimiento a los puntos de venta de cannabis del país,
con lo que se han buscado nuevos lugares en los que efectuar estos
cultivos con luz robada.
De otra forma, el riesgo y los costes harían
el negociazo de los CSC o clubs de cannabis, totalmente inviable al
nivel en que se produce actualmente, basado en el cultivo con luz
robada para que los precios puedan ser competitivos con un mercado
negro más clásico- que nunca ha dejado de estar presente.
Por último, el lector hará bien en
tener totalmente claro en que las únicas iniciativas en relación
con el cannabis que tienen -sin lugar a dudas- un carácter de choque
frontal con el mercado negro, son todas las propuestas que intenten
avanzan en el terreno del auto-cultivo para el propio abastecimiento
de cannabis en el consumidor, ya que son las únicas acciones que le
quitan clientes (y por ende, poder) a esas mafias organizadas y de
cara amable, que el mercado negro -triunfalmente y de facto-
conseguido poner a gestionar la relación de los ciudadanos con el
cannabis en España; esos clubs de cannabis, donde al cliente se le rebautiza como socio, y se le priva de sus derechos
como consumidor (no puedes acudir a las autoridades de consumo con
una queja sobre drogas que te han vendido, a día de hoy) y también
como supuesto miembro de una asociación que sólo lo es para
beneficio, económico y con enorme ánimo de lucro, de quienes la
controlan.
Quien dude, algo muy necesario siempre
que nos cuentan algo, que pruebe a poner en Google “Vendo ClubCannabis”, que quedará sorprendido de la oferta -pública y
visible con esa mera acción- en la que se venden estructuras
criminales “en bloque y con los clientes dentro” que responden a
dicho nombre, asociaciones, sin serlo.
Nuestra realidad hoy es esa: somos el
sueño húmedo del mercado negro, basado en la venta de cannabis,
gracias a la inacción y cobardía de todo nuestro sistema
legislativo. España, como siempre, en la buena dirección.
Drogoteca.
