lunes, 1 de diciembre de 2014

Vendiendo humo: cannabis en las farmacias catalanas.


Este texto fue publicado en la Revista Yerba.
Esperamos que os guste.

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Vendiendo humo: cannabis en las farmacias catalanas.


A finales de agosto de este año saltaba la noticia a los medios: la Generalitat de Catalunya quiere regular el cannabis para los enfermos. El Conseller de Salut, Boi Ruiz i Garcia, hacía unas declaraciones en las que aseguraba que no era admisible que un paciente tuviera que acudir a un club social de cannabis porque él, como Conseller de Salut, no había sido capaz de regular el acceso al cannabis como herramienta terapéutica vendida en una farmacia.



La noticia cogió con el pie cambiado a unos pocos, que sin ser muy conocedores del asunto, se alegraron y con razón: estaban hablando de que -al fin- los enfermos que usasen cannabis pudieran ir a comprarlo legalmente a una farmacia, que es el lugar adecuado para la administración de cualquier fármaco. En sí resultaba una buena noticia, seguramente esperanzadora y bonita a los ojos de muchos que se alegraban de que eso acercase el cannabis a los enfermos de una vez. ¿Pero es así? Echemos un vistazo a cómo se han ido desarrollando los hechos relacionados hasta ese punto.


El panorama vivido en el 2014: los CSC y la Generalitat.


En agosto del año anterior, la Fiscalía General del Estado -un órgano jerárquico en el que los fiscales de cada zona deben aceptar lo que les ordena su superior hasta el Fiscal General como máximo grado- emitía un documento conocido como la 'Instrucción 2/2013' en el que desgranaba su idea de cómo los distintos fiscales de España debían encarar el asunto de los clubs sociales de cannabis o clubs de consumidores. 

Y lo hace con directrices claras: los que nos leímos el texto nos asustamos, porque si realmente lo llevaban a la práctica, suponía la persecución judicial y la condena de muchos que se encontraban desarrollando actividades en los CSC, obviamente relacionadas con el cannabis, su cultivo y consumo. La instrucción venía a recordar a los fiscales -les decía, finamente, que dieran caña- que el cultivo nunca había dejado de ser un delito perseguible y que disfrazarse de asociación no debía servirle a los nuevos narcos. Así de feo lo pintaba, y eso que agosto es el mes “inhábil” en la administración de justicia en España. En septiembre, varias asociaciones tanto de jueces como de fiscales se estaban quejando de que dichas directrices dadas por el Fiscal General del Estado equivalían a tratar por igual a los CSC y a los narcotraficantes. Eso era exactamente lo que quería decir: todos son narcos, ni clubs ni nada.

Todas las arquitecturas sobre las que muchos clubs habían funcionado, cultivando y cobrando la marihuana a sus socios bajo el pretexto del consumo compartido quedaban diluidas al advertir que consumir no era cultivar y vender. Durante el final del 2013, la fama de Barcelona como lugar de turismo cannábico ya era exagerada, no sin cierta falta de razón ya que proliferaron todo tipo de asociaciones con todo tipo de prácticas que acababan implicando un venta de una sustancia estupefaciente a un tercero al que, muchas veces, no habían visto antes. Prácticamente había que ser un santo escrupuloso en el manejo del dinero y de los socios para no ser acusado de diversos delitos, que ya no sólo incluían el tráfico de drogas sino también delitos de blanqueo o fiscales, que han elevado peticiones de cárcel a activistas como los gestores de Pannagh en el País Vasco hasta los 22 años de prisión.




Y en el 2014 empezó a ocurrir lo que se indicaba en dicha instrucción de la Fiscalía: la policía empezaba a asaltar clubs, a detener a sus responsables, a cerrarlos y a presentar procesos criminales contra algunos de ellos. Ha estado ocurriendo en todo el país, pero en Cataluña, al tener una mayor concentración de clubs, se notó más el freno. Primero fue la prohibición en junio de abrir ningún clubs social de cannabis más en y después llegó a su máximo exponente en julio de este año cuando el diario El País -en su edición sobre Cataluña- titulaba “Detenida la cúpula de las asociaciones cannábicas por blanqueo de capitales”. Ya no eran asociaciones, ya era “la cúpula de los cannábicos”.

Un mes después de que se hubiera detenido “a la cúpula” de narcotraficantes de los CSC, el Conseller Boi Ruiz anuncia que, en estos minutos de descuento del partido que le quedan al gobierno que le nombró, piensa regular el cannabis para los enfermos y que lo hace para que no se tengan que acabar juntando con esos nuevos criminales acusados de delitos de importancia a la hora de acceder al cannabis que necesitan.

¡¡Y lo hizo sonriendo en las fotos!!

El papá de la idea tiene otros problemas: no le salen las cuentas 
del dinero público que maneja...


Al mismo tiempo, el paso como Conseller de Salut de Boi Ruiz, no ha dejado buen sabor de boca: recortes, escándalos por la penosa gestión, impagos a la farmacias, el repago de medicamentos que tumbaron los tribunales, el cierre de camas en hospitales para tirar abajo los gastos sin atender al paciente...

No ha hecho sino confirmar su currículo: aunque tiene la carrera de medicina, su especialidad parece ser más bien la gestión de “lo público” en el que lleva muchos lustros en la “Unión Catalana de Hospitales” que es una entidad que agrupa distintas empresas con intereses en el área. Gestión de distintos intereses, sería otra forma de hablar de lo que le preocupa el paciente al señor Boi Rui, que ha tenido toda esta legislatura y parte de la anterior para hacer algo que, según la actual ley, no puede hacer sin el permiso de otras instituciones del estado: no verán cannabis vendido a pacientes en una farmacia catalana antes que en una de otro punto del estado, si es que algún día llegamos a verlo. Les está mintiendo a la cara quien les quiera hacer creer eso: están usando a los enfermos que usan cannabis y a sus necesidades como piezas con las que jugar, porque no son ellos los que necesitan la planta.


La realidad del consumo terapéutico en España:
¿quién atiende aquí a los enfermos?

Los medios al contar la noticia, han presentado las declaraciones como si estuvieran enmarcadas dentro de un proceso coherente que se hubiera seguido desde hace tiempo. Textualmente decían que la Generalitat inició los primeros pasos para regular el cannabis en el año 2005 por haber contado con un estudio del medicamento 'Sativex' -un extracto estandarizado de la planta de cannabis- sobre 207 pacientes. Dicho de otra forma: en el 2005 permitimos un estudio con 207 personas y eso es nuestra apuesta por la regulación del cannabis terapéutico hasta hoy, en el año 2014. De hecho el 'Sativex' se aprobó en España poco después para dispensación hospitalaria a pacientes de esclerosis




Lo cierto es que, bien fuera por quimioterapia y vómitos, dolor crónico o neuropático, espasticidad y otras situaciones a las que el cannabis mejora la condición del paciente, bien en un aspecto concreto o bien en general -como en sus efectos sobre el apetito- si querías cannabis tenías que buscarte la vida tú mismo: ningún médico te lo podía recetar.

Con ese panorama lo que asociaciones de pacientes -no cannábicas- como la Asociación Ágata de mujeres con cáncer hicieron, fue gestionarse una forma de acceder a la sustancia. Ellas mismas reconocían que sus propios médicos, oncólogos, les reconocían la utilidad del cannabis frente a muchos de sus síntomas, pero no les podían recetar la planta ni nada similar en aquel momento. Ellas mismas difundieron la voz entre las afectadas de sus propias experiencias con el cannabis, hasta convertirse en la primera asociación de gestionaba de un modo pseudo-legal el acceso al cannabis, poniendo en contacto al paciente que necesitaba comprar, con un cultivador que le suministrase el cannabis.

Y ahí quedó todo, porque poco después el acceso al cannabis se fue haciendo más y más sencillo, en gran medida gracias a los CSC nacidos de los grupos de consumidores de la sustancia, que muchos contaban con un área terapéutica, que normalmente era asistida a modo de información y asesoramiento por algún profesional, normalmente médicos o psicólogos. Los CSC realmente no hicieron nada más que responder a una demanda ya existente dentro de los consumidores de cannabis: la del cannabis terapéutico que por otra parte en nada se diferencia del recreativo. Pero lo hicieron, y en la mayoría de los casos no lo hicieron nada mal.





Este Banco de Cannabis Terapéutico tenía un requisito fundamental: no podía haber intercambio económico. El cannabis debía ser donado de forma altruista, para que el asunto no se convirtiera en un “camelleo con precio reducido por ser terapéutico” y además los pacientes que eran admitidos tenían que presentar diagnósticos médicos y a la vez ser vistos por otros especialistas, algunos vinculados directamente al ayuntamiento de la localidad. Pero inteligentemente -dada la forma de tratar las cosas sobre el cannabis en el País Vasco- no se salían de dicha demarcación territorial. Tampoco querían pisar las actividades del mismo tipo que -supuestamente- desarrollaban o podían desarrollar otras asociaciones en otros lugares.


Por aquellas fechas, ya en los años 2007 y 2008 saltaba a los medios el caso de Juan Manuel Rodríguez Gantes, a quien no tuvieron problema en llamar “el Ramón Sampedro de la marihuana” ya que sufría el mismo tipo de daño en la columna vertebral y producido de la misma forma -al saltar al mar calculando mal- que el conocido personaje, protagonista de la película 'Mar Adentro'




Juanma solicitó ayuda, cultivó en el centro para discapacitados físicos en que se encontraba, fue denunciado y juzgado por ello y aunque nunca fue condenado, jamás le dieron una solución a su problema: la morfina no le quitaba los dolores que el cannabis sí le quitaba. Eran dolores neuropáticos, producidos por una mala gestión de una infección que sufrió en el mismo centro que se hospedaba: los antibióticos que tarde y desesperadamente le administraron en una ocasión le causaron daños permanentes en sus nervios, y de ahí el dolor intratable.

Tuve la suerte de conocer personalmente a Juanma -y a su pareja en aquel momento- y de presenciar lo que posiblemente haya sido la mayor entrega gratuita de cannabis a un paciente con necesidad terapéutica: medio kilo de cogollos secos de cannabis que habían viajado por media España escondidos en un cojín, sin que hubiera la menor transacción económica asociada a ellos. Después de aquello, lo único que supe es que los distintos clubs y asociaciones iban “facilitando” el contacto a los enfermos como Juama con distintos cultivadores que les vendían el producto, en teoría a un precio más reducido dada la razón terapéutica de dicho consumo.

Desde esa época, la forma más normal de acceder al cannabis siendo una persona con necesidades terapéuticas ha sido a través del autocultivo con la ayuda del grow-shop de tu zona o bien a través de alguna asociación que pudiera facilitar el acceso a la planta. Y no lo deben haber hecho nada mal cuando no hemos visto casos de personas que sufrieran problemas por usar cannabis que le facilitase su CSC, ni problemas médicos, ni sobredosis con consecuencias fatales, nada de esto ha sucedido. Al revés, muchos enfermos de dolor crónico -que aunque algunos médicos aceptan su utilidad siguen sin recetarlo ni como 'Sativex'- o de insomnio, de cáncer o de sida, de anorexia o de ansiedad, han encontrado alivio, guía y cuidado en lo que los CSC les han proporcionado. Muy posiblemente porque los CSC han sabido estar muy atentos a la hora de detectar las necesidades de las personas y eso es justo lo que los políticos, como Boi Ruiz, no han conseguido pero tampoco han intentado en realidad.

¿Por qué es imposible lo que dice la Generalitat? 
¿No es factible que España avance como otros países?

No es imposible que llegue a haber cannabis en las farmacias: el modelo de otros países lo demuestra. Sólo hace falta voluntad política, entre los distintos actores que toman las decisiones.

Vamos a ver cuál es el escenario: el responsable de salud de un gobierno -en su etapa final y con pocas probabilidades de existir con la misma configuración- dice que quiere regular el acceso al cannabis como medicamento. ¡Estupendo! Ahora empiezan los problemas, cuando en el mejor de los casos, de existir capacidad política de intentarlo, las leyes estatales sobre drogas y fármacos, siempre tienen un rango superior a las autonómicas. Eso quiere decir que, suponiendo que todos los partidos quisieran hacerlo -no en Cataluña sino en toda España a la vez- haría falta cambiar tratados internacionales o renunciar a ellos, hacer modificaciones legales de textos que apenas se han tocado en décadas de existencia, y conseguir un proceso completo que diera la cobertura legal al proceso: eso llevaría años, no menos de 3 ó 4 en la situación actual. ¿Tienen los enfermos 3 ó 4 años que perder esperando? Muchos no, y menos para usar un fármaco que es esencialmente benigno.

Todo esto de empezar a jugar con los enfermos, lo hacen por una razón muy clara y que no han escondido: es una vergüenza que los enfermos se tengan que ir a los “clubs de los narcotraficantes” que casualmente estamos deteniendo. 



Si consiguen disociar el trabajo de los CSC con el cannabis terapéutico en España del trabajo con los socios de motivos recreativos, están atacando uno de los mejores trabajos que ha realizado la comunidad en sus años de existencia: suplir lo que el estado no sólo no te daba, sino que te negaba, aunque fuera una medicina. 

Quitándole a los enfermos a los CSC les quieren arrebatar una de las razones de su existencia para pasarla a otro grupo de intereses: los empresariales farmacéuticos. El propio Boi Ruiz no se ha escondido para decir que los laboratorios tienen que crear compuestos sintéticos de cannabis, mejorados “como se hizo con el opio”. No les gusta la planta de marihuana; el verde que les gusta es el de la pasta que puede generar un mercado de pacientes recetados con cannabinoides sintéticos.

Boi Ruiz es médico, pero debe estar poco enterado de los peligros que se conocen -desde hace años- con la falsa marihuana hecha con cannabinoides sintéticos. O le debe importar poco, porque modificar el opio, creo actores como la heroína, que cuentan con toda una historia alrededor. Pero lo cierto es que Boi Ruiz viene de la empresa y tiene visión de empresario: trabajar con una planta no da dinero. Sus compuestos naturales no son patentables -ya que los crea la naturaleza- de manera que sólo les resulta interesante cuando pueden fabricar otros compuestos sintéticos que sí puedan cobrar desde la farmacia con grandes cantidades de ingresos por las patentes.

Sin embargo, cualquier persona cercana al mundo del cannabis, sabe que cada planta es un mundo distinto, un efecto distinto que ayuda a unas cosas y puede no ayudar a otras. Aunque la planta sólo tiene un principio claramente psicoactivo que es el THC, nada tienen que ver los efectos de una “Haze” con una “White Rhino” y prueba de ellos es el inmenso arsenal de distintas variedades con distintos efectos, sabores y cualidades que han creado los bancos de semillas, especialmente los hispanos. No podemos pedir a los enfermos -con sus distintas patologías- que acepten un sólo tipo de planta o de extracto, porque esto no funciona así, señor Conseller.




Por último cabe hacer mención -por la importancia- de lo que sería la logística para producir cannabis de calidad farmacéutica para todas aquellas personas que lo usan a día de hoy con una intención terapéutica, porque le digan lo que le digan, ningún médico a día de hoy le puede prescribir un poco de marihuana por ley, pero tampoco podría -de forma efectiva- si esa ley cambiase mañana. El proceso que conlleva la planificación de un consumo masivo -Cataluña o España son casos masivos ambos- de cannabis, la búsqueda de terrenos, la contratación y capacitación de personal, el cultivo y proceso del cannabis dentro de estándares farmacéuticos no se realizaría en unos meses sino que sería un proceso de años, como el marcar distintas posologías para cada afección o el elegir las variedades más adecuadas, ya que todos esos pasos necesitarían estudios, pacientes y un entorno controlado de producción de una planta, que hasta el día de hoy, han estado negándole toda virtud terapéutica, impidiendo el acceso a la misma y criminalizando al usuario a base de represión.

Quienes llevamos años en esto sabemos de lo inútil de su propuesta, Conseller, que no es más que un brindis al sol con el objetivo de causar daño y desarmar de buena parte del prestigio ganado a los clubs sociales de cannabis. A nosotros no nos engaña. Nunca nos engañó. Seguiremos cultivando nosotros porque ustedes no son de fiar.

Pero por dignidad, no juegue con el dolor de los enfermos a los que ahora mismo, la represión ejercida sobre los CSC, les está privando del único acceso factible al cannabis que existe en España sin pasar directamente al mercado negro recreativo.
A los enfermos que usan cannabis, ni les sobra el tiempo ni se tratan al gusto según lo que queda de legislatura. Tampoco son tontos: saben de sobra quién les está bloqueando el acceso a su medicación, señor Conseller Boi Ruiz. 

Y los enfermos también votan.





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